Santander, 25 sep (EFE).
– El Gobierno de Cantabria ha autorizado este jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que aprueba la capacidad de los sistemas de protección de las comunidades autónomas para acoger a menores migrantes no acompañados.
La presentación del recurso, al que se ha dado luz verde este jueves en el Consejo de Gobierno, se fundamenta, explica el Ejecutivo regional en un comunicado, ante la «posible extralimitación competencial del Estado».
El Gobierno cántabro también ha apuntado a «posibles defectos de tramitación que podrían afectar a la validez de la disposición impugnada».
El informe del Servicio Jurídico de la Administración regional aprecia motivos jurídicos para impugnar la norma estatal al considerar que se dicta en desarrollo de un real decreto-ley actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, incluida Cantabria.
Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria ha señalado que «defiende sus competencias en materia de protección de menores y la correcta articulación del sistema de acogida, garantizando que cualquier regulación estatal respete el marco constitucional y estatutario, así como los principios de cooperación y lealtad institucional entre administraciones».
Autorizado otro recurso contra el EstadoEn su reunión de hoy, el Consejo de Gobierno ha autorizado presentar un segundo recurso contencioso-administrativo por la negativa del Estado a garantizar la acogida inmediata de un menor tutelado por la comunidad autónoma que ha pedido asilo.
El Ejecutivo cántabro explica que da este paso una vez agotada la vía administrativa mediante requerimiento formal al Estado, tras recibir una respuesta negativa el pasado 15 de julio de 2025.
El Gobierno ha alegado que la decisión responde a la obligación de defender los derechos de los menores bajo tutela autonómica y asegurar su acceso a los recursos estatales previstos para solicitantes de asilo.
Según el Ejecutivo regional, su Servicio Jurídico considera procedente acudir a la vía judicial, en virtud de la legislación vigente, para salvaguardar el interés superior del menor y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de protección internacional.
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