Las Palmas de Gran Canaria, 28 jul (EFE).
– El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas destinado a modernizar el sector primario de Canarias y a impulsar su competitividad y sostenibilidad, para lo que destina una inversión de 23,1 millones de euros.
Según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado, en virtud a este acuerdo se regula una subvención directa a la comunidad autónoma para que pueda desarrollar el Plan de Impulso al Sector Primario mediante distintas líneas de ayudas e inversiones, tanto para conceder ayudas directas al sector como para invertir en infraestructuras hídricas y formación.
Según el Gobierno central, la iniciativa responde a las «especiales circunstancias» que afronta el sector primario en el archipiélago debido a la componente de insularidad y a la fragmentación territorial, pero también por el incremento de los costes de producción o la presión sobre los recursos hídricos.
«El objetivo es apoyar la actividad productiva, garantizar el abastecimiento alimentario y contribuir al mantenimiento del empleo y la población en las zonas rurales y costeras de las islas», ha aclarado el Ministerio en su comunicado.
Las actuaciones previstas incluyen cinco líneas de apoyo, con ayudas para respaldar las producciones agrarias locales, compensar el incremento de los costes de insumos, modernizar las infraestructuras de las cofradías de pescadores y promover inversiones en transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.
También se financiarán proyectos de mejora y modernización de regadíos, orientados a una gestión más eficiente del agua y a la adaptación al cambio climático, con actuaciones previstas en La Palma y El Hierro.
El plan contempla asimismo otras inversiones para actualizar las escuelas marítimo-pesqueras de Canarias, reforzando la formación especializada y favoreciendo el relevo generacional en un sector estratégico para la economía y la cohesión territorial del archipiélago.
Las actuaciones financiadas podrán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
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