Santa Cruz de Tenerife, 23 abr (EFE).
– El Ministerio de Cultura ha anunciado este jueves el inicio de los trámites para declarar el silo de Santa Cruz de Tenerife como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de patrimonio industrial, lo que implicará su máxima protección legal y evitará su posible demolición.
Es lo que ha apuntado el Ministerio en una nota en la que también se señala que la incoación del expediente responde a las solicitudes realizadas por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias y por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, tras el anuncio de su posible derribo.
El silo, situado junto al acceso al dique este del puerto de Santa Cruz y propiedad de la Autoridad Portuaria, es el único ejemplo de silo portuario que se conserva actualmente en España.
Construido en los años 60 según el proyecto del arquitecto Joaquín Soriano y Benítez de Lugo, el edificio destaca por su estructura de más de 30 metros de altura y su presencia en el entorno urbano.
«Se trata de un edificio de arquitectura industrial de estilo racionalista, único dentro de los silos de la Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de trigo basado en los ‘grain elevators’ norteamericanos, en el que prima su función, la seriación modular, la nitidez geométrica de los volúmenes y la ausencia de ornamentos», ha detallado el Ministerio.
Además, todavía conserva parte esencial de su maquinaria y «supone un testimonio de uno de los planes destacados dentro de la política de autarquía y autoabastecimiento de los años de la posguerra».
Todo esto lo convierte en un ejemplo «de gran interés» para comprender una época de la historia socioeconómica y de la técnica de la España contemporánea, según el Gobierno de España.
El Ministerio ha indicado asimismo que la incoación del expediente, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), activará de forma provisional el régimen de protección previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español.
A partir de ese momento, se abrirá un periodo de información pública para recabar informes técnicos y posibles alegaciones, antes de elevar la propuesta definitiva al Consejo de Ministros, que deberá aprobar la declaración como BIC.
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