eSanta Cruz de Tenerife, 13 may (EFE).
– El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una iniciativa en la que pide reforzar la acción y la cooperación de las diferentes administraciones en pro del bienestar emocional de los jóvenes y en la prevención de conductas adictivas y de la soledad no deseada.
La proposición no de ley ha partido de Nueva Canarias, que ha aceptado la enmienda transaccional de los grupos que apoyan al ejecutivo canario, CC, PP, ASG y AHI, no así la de Vox, que incluía una condena a las «políticas ideológicas que han sembrado confusión en la juventud, destruyendo los pilares sobre los que se sostienen».
El texto aprobado pide una herramienta de orientación, acompañamiento y prevención en bienestar emocional, conductas adictivas y soledad no deseada dirigida a los jóvenes, con supervisión técnica y profesional adecuada, especializada, cualificada, complementaria a los recursos existentes.
También, plantea reforzar «de forma decidida» las políticas públicas de juventud, con medidas preventivas estables orientadas a la alfabetización emocional, el uso responsable de la tecnología y la creación de espacios seguros, tanto presenciales como digitales, incluyendo figuras profesionales en centros de juventud u otros análogos.
Asimismo, propone establecer y consolidar líneas de financiación destinadas a los cabildos que permitan desplegar «programas reales de prevención y acompañamiento juvenil» en todas las islas; así como acciones específicas para reducir el estigma asociado a la salud mental y eliminar barreras económicas, informativas y territoriales.
La diputada que ha defendido la iniciativa, Natalia Santana (NC), se ha apoyado en los datos del Barómetro Juvenil de Salud y Bienestar de 2023, que señala que aproximadamente el 60% de la juventud canaria ha experimentado problemas relacionados con su salud mental, y el 13% reconoce haber tenido pensamientos suicidas.
Ha hecho hincapié en que «estos datos no se leen, se escuchan como una alarma», y son fiel reflejo de una situación que tiene a «muchas familias desesperadas» y a los jóvenes «con ansiedad y en silencio, que no pueden más y que no encuentran ayuda».
Santana ha ahondado en que la respuesta pública no puede ser «ni tibia ni tardía», de ahí la razón de esta proposición no de ley, que lo que busca es «llegar antes» de que el problema se cronifique o agrave.
Diana Lorenzo (CC) ha coincidido en que la soledad no deseada entre jóvenes, las conductas adictivas, el impacto de las redes sociales o el malestar emocional «exigen una respuesta» de las administraciones.
Ha explicado que el objetivo de la enmienda transaccional de los grupos que apoyan al Gobierno es extender «el peso» de la acción a las consejerías de Sanidad, Educación y Bienestar Social, más allá del ámbito de Juventud, así como reconocer «el trabajo desarrollado» en este ámbito.
Alicia Pérez (PSOE) ha indicado que aunque su grupo apoya la iniciativa, incluidas las aportaciones de CC, PP, AHI y ASG, «cuesta asumir la frase» de que hay que «continuar reforzando» la acción institucional «cuando la realidad es que las políticas públicas son claramente insuficientes».
La realidad de la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes, ha añadido Pérez, se traduce en «listas de espera, falta de profesionales, desigualdad entre islas» y también entre niveles de renta, porque quien se lo puede permitir acude a la privada porque en la red pública no encuentran la respuesta que necesitan.
La diputada socialista ha insistido en que «faltan recursos, coordinación y estrategia», y ha abogado porque todo quede «en un anuncio o una campaña puntual».
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