Puerto del Rosario (Fuerteventura), 30 oct (EFE).
– El Partido Popular de La Oliva ha mostrado este viernes su rechazo a la aprobación inicial de la ordenanza fiscal con la que el Ayuntamiento pretende implantar una tasa turística de 0,56 euros por pernoctación, debido a las dudas jurídicas recogidas en un informe desfavorable de la Tesorería municipal y a los posibles riesgos económicos para el consistorio.
El portavoz municipal del PP, José Vicente Calero Saavedra, ha cuestionado en un comunicado, que el gobierno local (CC-PSOE) haya decidido seguir adelante con una medida cuya naturaleza jurídica ha sido puesta en duda por la propia Tesorería del Ayuntamiento.
El informe incorporado al expediente concluye que las estancias en establecimientos turísticos no pueden configurarse jurídicamente como una tasa, sino como un impuesto, una figura tributaria que los ayuntamientos no tienen potestad para crear.
«No estamos en contra de buscar recursos para mejorar los servicios públicos ni de afrontar los costes que genera la actividad turística, lo que defendemos es que las decisiones se adopten con todas las garantías legales», ha señalado.
El PP considera que esta advertencia «no es una cuestión menor ni un simple trámite administrativo, sino un reparo jurídico que debería haberse analizado en profundidad antes de someter la ordenanza a su aprobación inicial».
A estas dudas planteadas por la Tesorería se suma, según los populares, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró nula la ordenanza de la tasa turística del municipio grancanario de Mogán.
La resolución cuestiona, entre otros aspectos, la justificación de los servicios que sustentaban el cobro y su relación con los costes correspondientes.
Aunque el PP reconoce que esta sentencia no determina automáticamente la ilegalidad de la propuesta de La Oliva, considera que constituye «un precedente relevante» que obliga a «extremar la prudencia» antes de continuar con su tramitación.
«No podemos ignorar lo que ha ocurrido en Mogán ni actuar como si no tuviera ninguna importancia y por eso solicitamos dejar el asunto sobre la mesa y esperar a que la sentencia sea firme, para poder contar con una valoración jurídica actualizada antes de dar este paso», ha explicado el portavoz popular.
Además, el PP recuerda que el informe de Intervención advierte de las consecuencias económicas que podría afrontar el Ayuntamiento si la ordenanza terminara anulada.
Entre ellas figuran la posible devolución de las cantidades recaudadas, el pago de intereses y los costes administrativos derivados de su gestión.
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