Las Palmas de Gran Canaria, 15 jul (EFE).
– El Partido Popular (PP) ha solicitado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias (PSOE), que no interponga recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la ordenanza reguladora de la tasa de basura, y que asuma el fallo judicial «para ofrecer cuanto antes certidumbre a los ciudadanos».
En un comunicado, la formación ha señalado este miércoles que la prioridad en estos momentos debe ser poner fin a la incertidumbre en la que se encuentran los vecinos que ya han abonado el recibo o que desconocen cuáles son sus derechos tras conocerse la resolución judicial.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital grancanaria, Jimena Delgado, ha considerado que prolongar el procedimiento mediante un recurso ante el Tribunal Supremo «únicamente servirá para mantener durante meses, e incluso años, la inseguridad jurídica y el desconcierto entre los vecinos».
También ha advertido de que «la decisión de mantener vivo el procedimiento judicial tendrá consecuencias directas sobre el propio funcionamiento del Ayuntamiento», generando una carga extraordinaria de trabajo y dificultando la tramitación de otros asuntos a los servicios municipales encargados de la gestión tributaria y de la atención ciudadana, que, ha dicho, «están recibiendo un elevado número de consultas, recursos y solicitudes de devolución».
Para el Partido Popular, «lo responsable no es agotar todas las vías judiciales para intentar salvar una ordenanza que ya ha recibido un contundente varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias».
En cambio, ha exigido al grupo de gobierno que asuma la sentencia, elabore una nueva regulación con todas las garantías jurídicas y que haga esto escuchando a los vecinos y a los sectores afectados.
Delgado ha recordado que el Partido Popular fue el único grupo político que combatió la tasa durante todo el procedimiento, presentando alegaciones, recurriendo su aprobación y acudiendo finalmente a la vía judicial.
«Nosotros advertimos de que su diseño iba a generar problemas jurídicos, económicos y administrativos», ha señalado al indicar que constataron que la tasa «trataba igual a situaciones completamente distintas, haciendo pagar prácticamente lo mismo a una persona que vive sola que a una vivienda donde viven siete, sin atender realmente ni a la capacidad económica ni a la generación efectiva de residuos».
Delgado ha reiterado que la normativa europea nunca obligó a los ayuntamientos a implantar una tasa de basura como la aprobada en Las Palmas de Gran Canaria, sino que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien, a través de la Ley 7/2022, «decidió ir más allá de lo exigido por la Directiva europea e imponer a las entidades locales la obligación de establecer este tributo».
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