Puerto del Rosario (Fuerteventura), 2 jul (EFE)- El PP de Fuerteventura ha considerado este jueves que la encuesta impulsada por el Cabildo majorero sobre el futuro Plan Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) no cumple con las exigencias legales de participación pública que exige la ley.
En concreto, los populares han indicado en un comunicado que la encuesta incumple las exigencias legales de participación establecidas en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los populares consideran que el procedimiento elegido por el grupo de gobierno de CC y PSOE confunde la obligación legal de consultar a los ciudadanos sobre el contenido de una futura norma reglamentaria con un cuestionario destinado a conocer hábitos de uso, percepciones personales y niveles de satisfacción de los visitantes.
«Es como si el gobierno insular buscara que les pusieran las notas al final de curso para, en campaña electoral, poder usar esos mensajes», ha señalado el portavoz del PP en el Cabildo majorero, Claudio Gutiérrez.
El artículo 133 de la Ley de Procedimiento Administrativo es «muy claro», por lo que «antes de elaborar un reglamento, la Administración debe preguntar a los ciudadanos cuáles son los problemas que pretende solucionar la norma, cuál es la necesidad y oportunidad de aprobarla, cuáles son sus objetivos y qué alternativas regulatorias o no regulatorias existen y nada de eso aparece en la encuesta presentada por el Cabildo», ha añadido.
La elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales no es una actuación administrativa ordinaria, sino que, como recuerdan los populares, es la aprobación de una norma reglamentaria que afectará directamente a los derechos, obligaciones, usos y limitaciones de ciudadanos, residentes, propietarios, empresas y visitantes en los espacios naturales protegidos de Fuerteventura.
Sin embargo, el cuestionario difundido por el Cabildo pregunta a los ciudadanos si saben qué es un parque natural o un parque rural, mezclando ambos conceptos cuando son documentos independientes; qué espacios naturales han visitado y con quién realizan sus visitas.
También plantea cuestiones sobre cómo perciben la afluencia de visitantes durante determinadas épocas del año, o cuál es su grado de satisfacción con aspectos como la limpieza, la existencia de zonas de sombra, la proximidad de agua y comida, la presencia de áreas habilitadas para comer o la información disponible en los paneles informativos.
En opinión del PP, este tipo de preguntas pueden ser útiles para elaborar estudios sociológicos, encuestas de percepción o análisis de satisfacción de usuarios, pero «en ningún caso sustituyen el procedimiento de consulta pública exigido por la legislación vigente que, hay que insistir, tiene que ser anterior a la publicación de cualquier documento», ha asegurado Gutiérrez.
«El Cabildo está preguntando a los ciudadanos si están satisfechos con las marquesinas, con la limpieza o con la información de los espacios naturales, pero no les está preguntando qué problemas debe resolver el futuro PORN, qué limitaciones consideran adecuadas, qué objetivos debe perseguir la norma o qué alternativas existen para gestionar esos espacios.
Son cuestiones completamente distintas», ha recalcado.
El artículo 133 de la Ley 39/2015 establece que los potenciales destinatarios de la futura norma deben disponer de los documentos necesarios para poder emitir una opinión fundada sobre la materia objeto de regulación, indica la nota.
«El PP ha participado de las comisiones y ha hecho alegaciones al documento parcial sobre el PORN del Parque Natural de Corralejo y nos dieron apenas tres días para hacer sugerencias, que hicimos de forma constructiva, algunas de las cuales fueron aceptadas parcialmente», ha recordado el portavoz del PP.
«La participación pública no consiste en preguntar si los visitantes creen que hay mucha gente en verano o si consideran adecuada la limpieza de los senderos, sino en permitir que los ciudadanos opinen sobre el contenido de la norma que se pretende aprobar y sobre las restricciones, usos y decisiones que afectarán al futuro de nuestros espacios naturales», ha remarcado Gutiérrez.
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