Santa Cruz de Tenerife, 8 oct (EFE).
– El PP de Canarias ha denunciado este miércoles “la falta de rigor, control y compromiso” del Gobierno de España tras conocerse que tres de los seis expedientes de traslado de migrantes desde las islas han sido suspendidos tras comprobarse que eran mayores de edad.
Un hecho que demuestra, según el PP, «una gestión negligente y descoordinada” por parte del ejecutivo central, que «ni cumple con sus compromisos hacia Canarias ni demuestra capacidad para garantizar procedimientos fiables y transparentes en materia migratoria».
En un comunicado, el vicesecretario autonómico de Organización y Comunicación del PP, Jacob Qadri, tacha de «inaceptable» que, «tras meses de anuncios, el Gobierno central no haya sido capaz de verificar con rigor la edad de los migrantes incluidos en los traslados».
«Esta improvisación refleja la falta absoluta de seriedad y responsabilidad de un ejecutivo que, una vez más, deja a Canarias sola ante la presión migratoria», analiza.
Quadri desliza que «la continua falta de control» en los procesos de identificación y traslado de menores «podría estar permitiendo que muchos migrantes cumplan la mayoría de edad antes de que se formalicen las derivaciones, lo que reduce la obligación del Estado de asumir su tutela dentro del sistema nacional de acogida”.
«Todo apunta a que el Gobierno de Sánchez está gestionando con una lentitud que no parece casual.
Cada expediente que se retrasa es una responsabilidad menos para el sistema nacional de protección, y eso es algo profundamente injusto para Canarias y para los propios migrantes», concluye el dirigente popular.
El PP exige al ejecutivo central que aclare «de inmediato» qué fallos se produjeron en la tramitación de los expedientes suspendidos, qué protocolos de verificación se están aplicando y qué medidas piensa adoptar para evitar que se repitan situaciones semejantes.
Asimismo, reclama una auditoría completa del sistema de identificación de edad y una revisión del calendario de traslados comprometidos.
«Canarias cumple con su deber humanitario, pero el Gobierno de España no cumple con el suyo institucional.
No se puede seguir actuando con opacidad y retrasos cuando lo que está en juego son los derechos de menores y la dignidad de una comunidad que lleva años soportando en solitario el peso de esta crisis», alega.
EFEjmor