Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha obligado al Cabildo de El Hierro a pagar a la UTE Auditorio El Hierro entre 1,4 y 2 millones de euros por el sobrecoste en las obras de la Sala de Congresos y Auditorio de La Peña.
Estas cantidades fueron fijadas en un informe pericial del Juzgado en el que se reconocen las obras realizadas fuera del proyecto inicial y aprobadas por la institución insular, señala la sentencia.
En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre la cifra final, ésta puede ser fijada ahora por el Tribunal Supremo (TS) y se apunta la posibilidad de llevar a cabo una nueva liquidación.
La infraestructura cultural fue inaugurada en el mes de abril de este año, después de que sufriera diversos retrasos administrativos a lo largo de casi dos décadas.
En su momento el Juzgado de lo Contencioso aceptó el recurso de la adjudicataria y anuló el acuerdo del Cabildo herreño de marzo de 2016 en el que se procedió a liquidar el contrato y condenó a la institución insular a retrotraer el expediente y practicar un nuevo cálculo.
A continuación el Cabildo acudió al TSJC pidiendo la anulación de este fallo judicial mientras que la compañía solicitó que se mantuviera pero echaba de menos que no se concretara exactamente la cantidad a abonar.
Un peritaje judicial fija el importe en 2,1 millones o subsidiariamente 1,6 millones, sin contar el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), de manera que el Cabildo tendría que pagar entre 1,9 millones o 1,4, más los intereses de demora.
En caso de que no se aceptara esta petición, la empresa solicitaba que se obligara al Cabildo a proceder a una nueva liquidación del contrato teniendo en cuenta las conclusiones del dictamen pericial del Juzgado.
Sin embargo, cuando la contrata pidió que se aclarara y concretara el alcance de este fallo judicial y fijase de forma exacta la cantidad a abonar, el Juzgado se negó a través de un auto recurrido por la empresa en el que se viene a reconocer que se hicieron obras fuera del proyecto original.
El Cabildo alegó que de aceptar lo que mantiene la UTE se incurriría en un enriquecimiento injusto, se opuso a la liquidación final en cuanto que se incluían conceptos y cuantías diferentes a las del proyecto inicial cuyo contrato fue resuelto por incumplimientos de la contrata.
A todo ello la UTE respondió que el Cabildo no tenía en cuenta que las obras ejecutadas fuera de contrato contaron con su visto bueno y que era responsabilidad suya su posterior reconocimiento y no negarse a regularizarlas como hizo el Cabildo herreño.
EFEnra/spf1012088