Santa Cruz De Tenerife, 13 nov (EFE).
– El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena a tres años de cárcel por un delito de estafa a un agente tributario de la Comunidad Autónoma que se hizo pasar por inspector de Hacienda, y que cobró 90.
000 euros a dos hermanos a los que se le había impuesto una sanción fiscal.
El fallo incluye la devolución de 45.
000 euros a cada uno de los estafados más intereses y el pago de una multa de 1.
620 euros, más las costas judiciales, dado que ya había sido condenado en una ocasión anterior a dos años de cárcel, pena que había sido suspendida.
El relato de los hechos probados recoge que las dos víctimas recibieron en enero de 2017 una comunicación de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) sobre el inicio de un expediente de comprobación e investigación por una sanción fiscal.
Un proveedor de ambos les presentó al supuesto inspector como forma de arreglar el problema, dado que con anterioridad el acusado utilizaba su puesto en la Hacienda autonómica para afirmar en varias ocasiones de forma falsa que ocupaba el otro cargo.
En los días siguientes a esa conversación, el procesado llamó por teléfono y citó en su oficina en Santa Cruz de Tenerife a una de las víctimas de la estafa y en la segunda ocasión le exigió el pago de 30.
000 euros con el compromiso de arreglar sus problemas, tras interesarse por la situación de la empresa.
Ambos hermanos de forma conjunta sacaron 30.
000 euros de sus cuentas y los entregaron en metálico dentro de una caja de zapatillas de deportes a través de una empleada.
Tras ese primer pago, el acusado les indicó que “todo iba bien” pero al mismo tiempo “trataba de infundirles miedo” sobre la posible existencia de un delito fiscal, con la intención de que le entregaran más dinero y así fue como consiguió 30.
000 euros más.
A continuación exigió otro tanto con el fin de asegurar el buen fin de las gestiones, a lo que también accedieron aunque uno de los hermanos dejó una nota diciendo que ya no tenía más dinero y que el entregado eran ahorros para los estudios de su hijo.
Pese a ello, el acusado volvió a exigirles la misma cantidad, pero los estafados se negaron y rompieron relaciones con él.
Finalmente la deuda con la AEAT fue saldada en 2018 aceptando las cantidades de 73.
300 y 73.
600 euros, que fueron abonadas sin que el acusado tuviera en ningún momento participación en esta solución.
Durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial tinerfeña en enero de este año, los hermanos ratificaron lo ocurrido, al igual que la esposa de uno de ellos que estuvo presente cuando su marido entregó el dinero y además grabaron con un móvil una de estas conversaciones, que sirvió de prueba.
Pese a que el acusado intentó demostrar que esta evidencia había sido obtenida de forma ilegal, en los dos ámbitos judiciales se ha considerado válida y también se descartó su argumento de que no era su voz.
Otro tanto se hizo con la petición de que se aplicara la atenuante de dilaciones indebidas, dado que no se había pedido en su momento.
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