Santa Cruz de Tenerife, 1 jul (EFE).
– La Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales (Favapa) ha alertado este martes de que el registro de alquiler de corta duración, que entra hoy en vigor, es «un monstruo jurídico» que expulsa del mercado al 90% de los pequeños arrendadores mientras beneficia a fondos de inversión.
La federación, en un comunicado, ha solicitado una reunión de emergencia con el Ministerio de Vivienda «para abordar la inseguridad jurídica sin precedentes» generada por la puesta en marcha de este registro, que «ha desatado un escenario de arbitrariedad que perjudica gravemente a los pequeños propietarios y vulnera principios legales fundamentales».
Según ha afirmado, los registradores de la propiedad están aplicando interpretaciones divergentes del real decreto, excediéndose en sus funciones al analizar aspectos urbanísticos y turísticos que competen exclusivamente a ayuntamientos y comunidades autónomas.
Esta práctica contradice expresamente el informe técnico emitido por el Colegio de Registradores, que limita su labor a la verificación de circunstancias que dimanan del registro de la propiedad, agrega la nota.
Todo ello está generando rechazos injustificados de inscripciones basados en criterios subjetivos, ignorando sentencias judiciales y normativas autonómicas vigentes.
Además, según la federación, existen miles de casos en toda España en los se está impidiendo el ejercicio de la actividad: cuando la vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad o cuando hay una divergencia entre la constancia registral y la realidad.
Asimismo, se está creando un caos territorial, donde propietarios de distintas regiones se enfrentan a requisitos contradictorios para un mismo trámite, ha denunciado.
Para la Federación de Asociaciones de Propietarios de Alquileres Vacacionales y Temporales se incurre en graves vulneraciones legales, como la duplicidad ilegal, ya que impone la obligatoriedad de solicitar un número de inscripción en el registro de la propiedad.
Asimismo, según ha agregado, se produce una invasión competencial, pues usurpa las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en turismo y vivienda, ya denunciada por Andalucía, Valencia, Canarias y Murcia mediante recursos judiciales, así como por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Por ello, han reclamado la suspensión inmediata del real decreto hasta resolver los recursos judiciales interpuestos que actualmente se tramitan ante el Tribunal Supremo.
«No permitiremos que la improvisación ahogue a miles de familias», han zanjado.
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