Las Palma de Gran Canaria, 13 ene (EFE).
– La Federación Provincial de la PYME del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) alerta de la situación que afecta a la correcta gestión del amianto y otros residuos peligrosos en Canarias.
A su juicio, puede tener consecuencias directas sobre la salud pública, el medio ambiente, la obra pública, el abastecimiento de agua y el despliegue de energías renovables en las islas.
El origen del problema se encuentra en la Ley 3/2023, de Economía Circular de Andalucía, que introduce una prohibición general de entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de esa comunidad cuando su destino final sea la eliminación en vertedero, en aplicación del denominado principio de autosuficiencia, indica FEMEPA en un comunicado.
Canarias depende actualmente de infraestructuras de eliminación ubicadas fuera del archipiélago y Andalucía es uno de los principales destinos autorizados.
Aunque los gestores canarios disponen de notificaciones de traslado vigentes hasta marzo de 2026, a partir de esa fecha no existe a día de hoy una alternativa técnica ni jurídica viable, lo que podría bloquear completamente la gestión de estos residuos.
FEMEPA advierte de que la imposibilidad de retirar y eliminar correctamente el amianto no es solo un problema administrativo o empresarial, sino un riesgo directo para la salud pública, dado el carácter altamente peligroso de este material.
Asimismo, asegura que campañas públicas de retirada de amianto en viviendas, como las impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria, podrían verse seriamente comprometidas si no se garantiza una solución estable para el tratamiento final de los residuos generados.
La Federación considera que «Canarias no puede ser tratada como un territorio continental, debido a su condición de archipiélago, su fragmentación territorial y la limitada disponibilidad de infraestructuras propias para la gestión de residuos peligrosos».
Además, FEMEPA alerta de que otras comunidades autónomas están estudiando la adopción de normativas similares, lo que podría agravar aún más la situación a corto plazo si no se actúa de manera anticipada.
En este contexto, FEMEPA ha remitido un escrito formal a las principales instituciones competentes, entre ellas la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, las Consejerías de Transición Ecológica y Sanidad y el Cabildo de Gran Canaria, así como a entidades públicas y mixtas vinculadas a la gestión del agua y las infraestructuras, con el objetivo de activar una respuesta coordinada y urgente.
EFEas