Santa Cruz de Tenerife, 30 jul (EFE).
– El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez Jáuregui, ha considerado que en el caso de la isla de Tenerife hay dos particularidades que el Estado no ha tenido en cuenta para repartir el número de plazas de fiscales y son el turismo y la inmigración.
Sánchez Jáuregui, en una entrevista con EFE, afirma que a Canarias y a Tenerife llegan millones de turistas al año y opina que la llegada de migrantes continúa y seguramente se mantendrá durante un importante plazo de tiempo.
Considera que a la hora de repartir plazas de fiscales en Tenerife se obvia que la actividad turística da lugar a una población flotante y un elevado número de delitos, especialmente relacionados con violencia de género y familiar, que los acusadores públicos deben atender, como acusación o defensa.
A raíz de la crisis migratoria de 2023 y la “ingente” llegada de menores no acompañados, se dio vía libre a tres refuerzos cuya labor, entre otras, es determinar la edad real de los migrantes y supervisar su traslado a la Península, plazas que se deberían mantener dado que aún no remite la llegada de las embarcaciones precarias.
El Ministerio Público también se encarga de supervisar el funcionamiento de los diversos centros de menores y para ello realizan inspecciones periódicas y visitas personales al menos dos veces al año a cada uno de ellos.
Sánchez Jáuregui mantiene que la isla sufre una carencia histórica de plazas y aunque se acaba de aprobar una nueva dotación de cuatro puestos, en realidad desde 2021 ya estaban creados por insuficiencia de plantilla además del refuerzo para violencia de género “con una carga de trabajo enorme”.
Lamenta que pese a la decisión del Estado va a seguir existiendo el déficit de una plaza a lo que se sumarán otras tres si se tienen en cuenta los partidos judiciales de Güímar y Granadilla.
Ha comentado que Tenerife es uno de los lugares en los que más ha proliferado la figura del abogado de fiscal, aquel que no pertenece a la carrera del Ministerio Público, con menor retribución y a los que se recurre para servir de apoyo.
Un problema añadido es la falta de espacio en la actual sede de la Audiencia Provincial tinerfeña, hasta el punto de que hay despachos que deben compartir incluso cinco fiscales y otros 16 que ni siquiera tienen un lugar en el que trabajar.
“A mí me gustaría saber en cuántos despachos de este palacio hay más de un juez o de un letrado de la administración de justicia y la respuesta es: ninguno”, ha dicho el fiscal jefeEn cuanto a los funcionarios, Sánchez Jáuregui dice que ya hace tiempo que se superó el límite de ocupación por metro cuadrado, lo que ha dado lugar a que alguno de ellos trabaje fuera de la sede central de la Audiencia, “porque yo no tengo espacio para darle una mesa y un ordenador en condiciones”.
Con respecto al número de asuntos que puede tramitar cada uno de los fiscales de la isla, indica que es muy difícil calcularlo pero un dato indicativo sería que son quienes más cobran el incentivo por productividad en el ámbito nacional.
No obstante, también se ha llegado a dar la circunstancia, como ocurrió el año pasado, de que a la vez había once funcionarios de baja, con el consiguiente retraso en la tramitación de las causas judiciales.
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