Santa Cruz de Tenerife, 14 abr (EFE).
– La Fiscalía ha cambiado en el turno de conclusiones cambiar de blanqueo a estafa el delito atribuido a tres personas acusadas de sustraer 800 euros de la cuenta bancaria de un vecino de Tenerife, con lo que se reducen las penas solicitadas dedos años a seis meses.
Se mantiene en todo caso la petición de una multa de 2.
000 euros y la devolución del dinero sustraído.
El juicio se ha celebrado hoy martes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y los tres procesados, que han intervenido por videoconferencia dado que viven en la Península, se han declarado inocentes.
El Ministerio Público les atribuye haberse repartido el dinero por medio de transferencias y ‘bizums’.
La primera procesada dijo que en realidad eran 1.
000 euros que recibió en dos transferencias, que nunca sospechó de un posible origen fraudulento, que conocía muy bien en qué consistía el delito de blanqueo y que no tenía nada que esconder.
Otro de los acusados relató que recibió la transferencia de una amiga de su hermana y siempre dio por hecho que se trataba de un dinero legal y que en principio se negó a participar “porque conocía los chanchullos, estafas y engaños” en los que se movían las otras dos acusadas.
La víctima de la estafa declaró que la tarde del 26 de abril de 2022 se dio cuenta de que habían desaparecido los 800 euros de su cuenta, llamó al banco, le cancelaron la tarjeta y bloquearon la cuenta durante dos días, presentó la denuncia y finalmente la entidad le devolvió el dinero sustraído.
El policía nacional que participó en la investigación no recordaba nada por el tiempo transcurrido y la cantidad de delitos semejantes que deben tratar pero al ver el informe hecho en su día lo ratificó.
Aquella tarde, tras salir del trabajo, el perjudicado recibió un mensaje de texto aparentemente de su entidad bancaria en el que se le informaba de que habían accedido de forma telemática a su cuenta a través de un dispositivo que no era el habitual, por lo que le instaban a modificar su clave si no había sido él.
Entonces comprobó que personas desconocidas le habían hecho un cargo no autorizado de 800 euros consistente en una recarga de la tarjeta virtual del banco asociada a la cuenta de una de las acusadas.
Ésta última conocía el origen irregular del dinero, según las acusaciones, y por ello, para evitar que volviera a manos de su propietario, reenvió 500 a la otra acusada mediante bizum y los otros 300 al procesado, mientras que la segunda hizo lo propio con 450 euros a este último y 50 a una persona más.
Durante el juicio, las dos mujeres alegaron que recibieron el encargo de transmitir el dinero a terceras personas no identificadas y porque en su país es común que los amigos se ayuden entre ellos cuando están pasando por dificultades.
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