Santa Cruz de Tenerife, 30 sep (EFE).
– La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha admitido este martes que se debe reforzar, e incidirán en ello, los recursos de atención y protección contra la violencia sexual en la infancia y adolescencia en las islas no capitalinas.
También ha avanzado que los menores adolescentes a partir de 16 años víctimas de violencia sexual puedan acudir a los centros de crisis activos 24 horas para mujeres víctimas de violencia machista, tanto para agresiones del pasado como las que se produzcan en el presente, una medida que serviría para ampliar los recursos en las islas de menor población.
«Hay que incidir en la implementación de recursos en las islas no capitalinas para que cualquier niño de Canarias se sienta atendido y sepa dónde dirigirse», ha expresado Delgado durante una comparecencia en comisión parlamentaria en la que ha repasado las medidas implementadas en consonancia con la traslación al ámbito regional de la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como «lopivi».
Durante su intervención, Delgado ha aseverado que se han reforzado los programas de atención a víctimas de violencia sexual, con más programas e intervención terapéutica especializada.
Además de la adaptación canaria de la lopivi, Delgado ha destacado la Estrategia 2023-2030 y el anteproyecto de ley de infancia y adolescencia que está en exposición pública, y para la que ha pedido participación y aportaciones de mejora a los grupos parlamentarios.
La Consejería, ha ahondado Candelaria Delgado, ha fijado cinco áreas estratégicas, con objetivos y líneas de impacto para detectar y actuar de manera temprana, y ha subrayado la importancia de la creación de entornos protectores como el juzgado de infancia y adolescencia número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que debe ser replicado en todo el territorio, ha aseverado la responsable regional.
Respecto al modelo de ese juzgado, coincide con el modelo Barnahus que ha adoptado Canarias y que supone una hoja de basada en espacios amigables, equipos multidisciplinares y una entrevista única válida para el procedimiento judicial.
«Con Barnahus evitamos que un menor repita su relato una y otra vez.
Un solo espacio, una entrevista forense y todos los servicios coordinados: justicia más humana y pruebas más sólidas», ha resumido.
Delgado también ha defendido el esfuerzo inversor del Gobierno en la financiación de programas con objetivos de intervención terapéutica, aunque no tengan medidas de protección, y ha asegurado que el conjunto de recursos vigente ensancha la red pública de atención y llega a más familias.
También ha mencionado los protocolos de actuación en «ámbitos clave» como el sanitario, donde se ordenaron los circuitos de detección de abusos, y las medidas puestas en marcha en el ámbito deportivo.
En este sentido, el deporte canario cuenta con 719 delegados de protección a la infancia debidamente formados, y se ha hecho formación con 450 entrenadores y 202 familias para que los entornos deportivos «sean espacios seguros, de buen trato e inclusivos.
Se trata, ha concluido la consejera, de una «cuestión dramática» que debe aunar todos los esfuerzos posibles par cumplir con la lopivi.
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