Santa Cruz de Tenerife, 3 jun (EFE).
– La Consejería autonómica de Presidencia y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han acordado trabajar conjuntamente para definir los criterios con los que dar prioridad a los desplazamientos de la Policía Autonómica a los municipios que soliciten un refuerzo para cubrir eventos.
Este ha sido uno de los asuntos abordados entre la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, durante una reunión de coordinación y seguimiento de los asuntos relacionados con la seguridad y la justicia en el ámbito local.
En la reunión se ha tratado el convenio en materia de seguridad pública suscrito entre Comunidad Autónoma y Fecam, al que se adhieren los ayuntamientos, con el objetivo de definir los criterios para decidir los desplazamientos de la Policía Autonómica entre los municipios que solicitan su presencia, especialmente numerosos durante los meses de verano.
También se ha analizado la segunda convocatoria unificada de Policías Locales, que asume la Consejería, y la previsión de fechas para iniciar la tercera convocatoria, que cuenta con una gran demanda por parte de los ayuntamientos, según ha señalado el departamento autonómico en un comunicado.
Sobre las iniciativas legislativas, se informó de que la Ley de Seguridad Pública se encuentra en fase de borrador para empezar en breve con su tramitación y la consejera Nieves Lady Barreto ha valorado el esfuerzo que se está realizando en todas las administraciones para crear nuevas plazas de policía local y autonómica, y para poner en marcha las comisarías insulares.
En lo que respecta al área de Justicia, se trató sobre la carga de trabajo y el coste económico que supone la transformación de los Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia Municipal, en aplicación de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Al respecto, la consejera Nieves Lady Barreto ha compartido su preocupación, ya que el Gobierno central no ha previsto financiación ni para los ayuntamientos ni para los ejecutivos regionales «con el problema que esto supone para todos».
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