Madrid, 28 may (EFE).
– El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha rechazado este martes los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados que, en su opinión, han sido «impuestos» por el Ministerio de Juventud e Infancia.
«El Gobierno vuelve a ningunear a las comunidades autónomas, sigue sin contar con nosotros y lo único que quiere hacer es validar sus actuaciones ilegales», han señalado a EFE fuentes del Departamento madrileño de Familia, Juventud y Asuntos Sociales que dirige Ana Dávila.
Las comunidades autónomas han rechazado «entrar en el juego» del Ministerio de Juventud e Infancia, porque «no queremos ni por acción ni por omisión validar unos criterios que se nos han impuesto, como se quiere imponer un reparto de menores», según las mismas fuentes.
La Comunidad de Madrid tiene recurrido el real decreto ley, por lo que hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, no va a «entrar en el juego» del Ministerio.
Quince comunidades autónomas -todas excepto Canarias y Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- acogen menos menores migrantes no acompañados de lo que les tocaría en función de su población, si se suma el total de los que se encuentran en España y se divide entre territorios según su número de habitantes.
Son los datos que maneja el Gobierno después de haber recabado los transmitidos por las comunidades sobre el número de menores que acoge cada una, y reflejan que las autonomías que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y lo que realmente acogen son Andalucía (1.
372 menos de lo que le corresponde), Comunidad Valenciana (1.
216) y Galicia (620).
En la otra cara de la moneda está Canarias, a la que le correspondería tutelar 718 jóvenes y acoge 5.
566 (una diferencia de 4.
848), Ceuta (que tiene 526 y debería, por población, tener 27), Baleares (622 frente a 396) y Melilla (193 frente a 28).
A través de estos cálculos, el Ejecutivo fija la capacidad ordinaria del sistema de acogida nacional en 32 menores por 100.
000 habitantes, indicador que será clave para determinar cuándo una comunidad puede pedir al Ejecutivo que declare la contingencia migratoria y comenzar con las derivaciones.
Los datos han sido transmitidos a las autonomías este miércoles en una Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha celebrado bajo la presidencia del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, a modo de reunión previa de la próxima Conferencia Sectorial, para la que aún no hay fecha prevista.
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