Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).
– La defensa del extesorero del Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), al que se acusa de haber malversado 303.
410 euros entre los años 1991 y 2017, ha considerado este lunes ante la Audiencia de Las Palmas que va a ser «bastante difícil» para las acusaciones probar la culpabilidad de José Hilarión Cabrera.
En la primera sesión del juicio con Jurado contra el extesorero, que se enfrenta a una solicitud de condena de ocho años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos, el abogado defensor Ignacio Calatayud ha señalado al tribunal que el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento tienen que demostrar que la «contabilidad era correcta y fiable».
Según el abogado y profesor de Derecho Financiero y Tributario, lo van a tener «bastante difícil» porque «es una chapuza, un disparate, un dislate; allí no coincide nada».
Y «si se demuestra que la contabilidad es errónea no se puede condenar» al acusado, ha recalcado el letrado, que también ha dicho que es preciso demostrar que se enriqueció y esa prueba tampoco «va a aparecer».
Así mismo, ha incidido en que «todo el mundo tenía acceso» al dinero porque la llave estaba en un cajón.
Calatayud ha indicado al tribunal que su defendido carece de conocimientos en contabilidad, pues solo tiene el graduado escolar, y ha afirmado que en el Ayuntamiento no había el dinero que dicen que se llevó su cliente y así lo expondrán los testigos y peritos que declararán en el juicio.
Durante las sesiones de estos días se presentarán pruebas para demostrar que la contabilidad era incorrecta y que su cliente no se ha enriquecido, ha recalcado Calatayud, quien se ha mostrado convencido de la inocencia del procesado, que ya ha pasado ocho años de «condena» por una instrucción que debió durar seis meses.
El Ministerio Fiscal y el Ayuntamiento de La Oliva, además de la penda de ocho años de prisión, solicitan que el acusado restituya los 303.
410 euros que se apropió de forma indebida de las arcas públicas, según han señalado al tribunal.
El fiscal Carlos Hernández Seijo ha pedido al tribunal «responsabilidad y sentido común» a la hora de juzgar al acusado por su «gestión indebida y malintencionada» que generó un desfalco de una «cantidad muy importante de dinero», si bien ha indicado que a lo largo del juicio, en función de la prueba que se practique, podría cambiar su calificación de los hechos.
En principio, la cantidad que se estima que se apropió asciende a 303.
410 euros, pero pudo ser más, ya que al inicio de la investigación llegó a calcularse cerca de 900.
000 euros, según ha señalado al tribunal la abogada que ejerce la acusación en representación del Ayuntamiento, Sonia Álvarez.
La abogada de la acusación particular ha recordado que el acusado estuvo 26 años de tesorero en el Ayuntamiento y que en 2017, al llegar un nuevo interventor, pidió un arqueo de caja y el tesorero comenzó a «dar largas», causó baja médica y, además, se negó a entregar la llave.
Álvarez ha aludido también a una sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas que determinó que el dinero que faltaba en el Ayuntamiento ascendía a 304.
310 euros y que el responsable del mismo era el tesorero, por ello solicita que se le condene y reponga el dinero.
El juicio continuará este martes con la declaración de diez testigos y tres peritos, según ha indicado el presidente del tribunal, el magistrado Arcadio Díaz Tejera.
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