Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).
– La hija de uno de los acusados ya fallecidos del ‘caso Catastro’ ha afirmado este miércoles que, por indicación de su abogado, fue a la oficina del Catastro de Las Palmas para reparar el daño causado y renunciar a las fincas adquiridas de forma indebida en Lanzarote, cuyos documentos de compraventa firmó por indicación de su padre.
En la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Las Palmas contra los tres acusados que siguen en la causa (otros dos ya murieron), esta testigo, hija de Gustavo A.
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, ha indicado que no recuerda los documentos en los que figura como compradora de esta supuesta trama dedicada a falsificar expedientes del Catastro y documentos para apropiarse 141 fincas rústicas en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote entre 2011 y 2016.
Ha manifestado que desconocía que había otros titulares de esas fincas y ha señalado que su padre tenía muchas propiedades en Lanzarote y, en ese entonces, estaba tramitando una herencia familiar, por lo que no le sorprendió que le pidiera su firma, si bien ha remarcado que desconocía que «se estaba alterando de forma ilegítima la titularidad de fincas rústicas».
La hija de este acusado ha señalado que no se implicaba en los asuntos de su padre y que tampoco comentó nada a su otra hermana, cuya firma también figura en documentos de compraventa de la causa.
A preguntas de los letrados de la defensa, ha asegurado que nunca fue a la gestoría dedicada a la gestión catastral, propiedad de uno de los acusados, José María C.
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, que está situada en la avenida Primero de Mayo de Las Palmas de Gran Canaria, en las proximidades del Catastro, ni conoce al también procesado Jesús O.
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Según ha explicado, tuvo conocimiento del caso cuando fue detenida en Lanzarote y, tras hablar con su abogado, éste les aconsejó que lo primero que debían hacer era reparar el daño y, por eso, ella y su hermana renunciaron a todas los compras que habían hecho.
En esta sesión ha declarado también una amiga de Gustavo A.
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, que ha negado haber participado en esas operaciones de compraventa y cuya firma aparece en más de 20 expedientes y más de 20 contratos, según la acusación.
Al mostrársele algunos de los documentos que obran en la causa con su firma, ha admitido que era la suya, pero ha alegado que no recordaba haberlos firmado.
La viuda de Gustavo A.
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también ha comparecido en esta sesión y ha afirmado que conocía las ventas privadas por parte de su marido a sus hijas, pero ha hecho hincapié en que no recuerda nada sobre la cuestión.
Ha manifestado que una prima de su marido que estuvo una temporada en su casa también firmó documentos, aunque ha recalcado que «jamás pensó que fuera algo ilegal» y ha referido que su esposo en ese momento se estaba encargando de una herencia familiar.
Un guardia civil del grupo de Patrimonio, que ha explicado al tribunal que se le encargó localizar en Lanzarote y Fuerteventura los terrenos que los acusados supuestamente se habían apropiado y a sus legítimos propietarios, ha referido que en la investigación se detectó que la actividad que desempeñaba en la gerencia del Catastro el acusado Jesús O.
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«no se ajustaba a la legalidad».
Este testigo, como ya expuso otro compañero de Patrimonio en la primera sesión del juicio, ha detallado cómo procedían los acusados para apropiarse de fincas cuya titularidad del suelo se desconocía y ha explicado que su trabajo consistió en tratar de hallar a los verdaderos propietarios, y que también participó en los registros que se practicaron en la gerencia del Catastro y en la gestoría de Las Palmas, así como en los llevados a cabo en Fuerteventura.
Otro testigo, el propietario de una finca en Fuerteventura, ha declarado al tribunal que el acusado ya fallecido Roque M.
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quiso adueñarse de su terreno, pero no pudo porque él logró demostrar su titularidad.
Según ha dicho, conocía a ‘Roquito’ de vista y sabía que se dedicaba a comprar terrenos en La Oliva y que operaba con un carpintero al que después se los vendía.
Un heredero de un terreno en Puerto del Rosario, ha explicado que la Guardia Civil le localizó porque había detectado irregularidades con los registros de la finca, y que hubo un intento de proceder al cambio de la titularidad que se subsanó tras presentar alegaciones en el Catastro.
El juicio continuará este jueves con la declaración de nuevos testigos.
El acusado para el que se reclamaba la mayor condena, Santiago Ramón M.
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, ha reconocido su autoría en los cinco delitos que le atribuye la Fiscalía tras acordar penas inferiores a los dos años por falsificación de documentos público en concurso con el delito de prevaricación, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, por los que se le reclamaban 17 años de prisión.
Los otros dos procesados, Jesús O.
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y José María C.
F.
, se enfrentan a penas de 13 y 9 años de prisión, respectivamente, por los mismos delitos que Santiago Ramón M.
M.
, salvo el de estafa, si bien sus abogados reclaman su absolución.
EFEcda/jmr