Las Palmas de Gran Canaria, 7 oct (EFE).
– La justicia ha admitido a trámite el recurso interpuesto en julio pasado por la Asociación Custodia del Territorio Guiniguada contra la adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obra del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Letras Canarias, y ha demandado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria toda la información.
Según ha explicado en declaraciones a EFE el presidente de la asociación, José Fernández, una vez reciban la documentación por parte del juzgado, podrán profundizar en la demanda que plantean, al considerar que el proyecto que ha resultado ganador del concurso público iniciado por el Consistorio en 2025 no se ajusta a la ordenación vigente.
Según Fernández, el acto contra el que se interpone recurso es el de adjudicar a Batlle i Roig Arquitectura SLP el desarrollo del proyecto ‘AWA’, ganador del concurso convocado para llevar a cabo esta iniciativa clave dentro del programa de gobierno de la alcaldesa Carolina Darias (PSOE).
A su juicio, en ese mismo momento se mostró «voluntad» para iniciar unos trabajos que ellos consideran que no tienen cabida en esta zona de la ciudad según se desprende del plan general de ordenación (PGO) vigente en este momento.
Desde la asociación entienden que no se puede ejecutar dicho proyecto sin tener antes el plan especial del sistema general de espacios libres SG-51 Guiniguada.
«El ámbito de ese sistema general es tres veces superior al del proyecto y comprende todo el espacio que afecta a otros barrios de la ciudad (San Roque, San Juan, San Nicolás, El Batán), además de Vegueta y Triana, y por lo tanto es necesario ordenar todo ese espacio con una visión de conjunto, antes de acometer ninguna obra importante en el mismo», ha explicado Fernández.
También ha recordado que, desde hace dos años, primero una iniciativa ciudadana y ahora la asociación que preside, han solicitado al Ayuntamiento que desistiera de proseguir con el concurso de proyectos y la contratación del ganador, y que en cambio acometiera la elaboración y tramitación del plan especial del SG-51, porque eso es lo obligado por el PGO, y ha criticado la falta de respuesta.
Es por ello que han llegado hasta la vía contencioso-administrativa, «la única manera de detener una actuación que, insistimos, entendemos que infringe el PGO, que es el instrumento normativo que rige la construcción de la ciudad».
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