Santa Cruz de Tenerife, 15 oct (EFE).
– La pobreza y el riesgo de exclusión en Canarias se han estancado en un 31,2% de la población, el mismo porcentaje que en 2025, tras cuatro años consecutivos de mejoría.
«Podemos pensar que las medidas han tocado suelo, que hasta aquí han llegado los intentos de reducir la pobreza», ha reflexionado el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, Fernando Rodríguez, en la presentación del decimosexto informe AROPE.
Rodríguez se ha mostrado sorprendido por este «enquistamiento» en las cifras, pues venían mejorando en los últimos cuatro años a razón de 2 puntos porcentuales por ejercicio, aunque ha indicado que en 2026 ha sido la tónica en casi todo el país.
La media nacional se sitúa en el 25,7%.
Uno de los datos que más preocupa a la Red Europea son los 182.
000 canarios que sobreviven con menos de 679 euros al mes.
Su vicepresidente en Canarias ha indicado que habrá que «hacer muchísimos esfuerzos» para conseguir el reto de reducir la pobreza a la mitad en 2030.
La pobreza, ha analizado Fernando Rodríguez, se ceba con las personas que acumulan una o varias desigualdades estructurales: hogares monoparentales, mayoritariamente madres con hijos a cargo (20,1%), población extracomunitaria (21,7%), personas con alguna discapacidad (37%) y desempleados (63%).
Otro sector de la población que preocupa es el infantil y juvenil: 91.
000 niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza, un 41,1% del total, según datos de la encuesta de condiciones de vida, pues si se atiende a las estadísticas del ISTAC, podría elevarse a 141.
000, «una cifra que asusta y preocupa», ha dicho Rodríguez.
Además, el informe AROPE refleja que 671.
000 canarios mayores de 65 años están en situación de pobreza o exclusión social, una cifra que ha aumentado con respecto a 2025.
Los autores del informe subrayan que a pesar de algunas mejoras puntuales, estas no se traducen en una reducción de la tasa AROPE: las personas no salen de la exclusión social, lo que apunta a procesos de empobrecimiento más complejos y persistentes, en los que influyen la precariedad laboral, el acceso a la vivienda y la fragilidad de los hogares.
Así pues, ha descendido en seis puntos el porcentaje de canarios que no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año (39,3%), como también los que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado (o equivalente) al menos cada dos días (9%).
Sin embargo, ha aumentado la proporción de personas que no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses de invierno, que alcanza el 18,8%, y también crece el porcentaje de quienes no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, que se sitúa en el 49,8%, tras un incremento de 0,9 puntos.
Estos datos reflejan que las privaciones más vinculadas a la vivienda y a la seguridad económica básica siguen agravándose, reforzando situaciones de vulnerabilidad estructural.
En Canarias, el gasto medio que se dedica al alquiler de una vivienda supera el 45% de los ingresos de la renta familiar, aunque en zonas tensionadas se llega hasta el 80-90%, cuando según el concepto de vivienda asequible no debería representar más allá del 30%.
Además, 293.
000 canarios tienen retrasos en el pago de su alquiler o hipoteca, ha anotado el vicepresidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias.
Otro de los elementos más preocupantes para los analistas de AROPE es el empeoramiento de la baja intensidad del empleo, que aumenta 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior y afecta al 11,6% de la población canaria en edad laboral, frente al 8% de la media estatal.
Un indicador, a su vez, de la fragilidad del mercado laboral canario, marcado por la temporalidad, la parcialidad involuntaria y la inestabilidad de los ingresos.
En torno a 400.
000 canarios están en situación de pobreza laboral.
En paralelo, la brecha salarial ha seguido aumentando en las islas, de modo que la renta media del 10% de la población más rica multiplica por 8,6 veces la de los más pobres, que «cada vez son más pobres».
Fernando Rodríguez ha hecho un llamamiento a que se dejen a un lado el partidismo y las ideologías «y pensar todos a una en que la lucha contra pobreza y desigualdad debe ser cuestión de todos, con un gran pacto de lucha contra pobreza, que ya toca, en Canarias».
También ha abogado por una «verdadera coordinación entre administraciones y a todos los niveles», ya que «cansan» las discusiones sobre quién tiene las competencias «y al final no se hace nada».
Ha admitido que el efecto de la transferencia de las administraciones públicas (ingreso mínimo, renta canaria, pensiones no contributivas, ayudas a la dependencia o a personas discapacitadas y becas) «está siendo positivo» pero a la vez «claramente insuficiente».
Sin ese ‘escudo social’, la tasa de pobreza en Canarias se elevaría hasta el 52,2% de la población.
Canarias es la quinta comunidad autónoma que más invierte en políticas sociales: 3.
456 euros por habitante, pero siendo así, «¿por qué seguimos como la cuarta comunidad con la tasa de pobreza más alta? Qué está pasando con las transferencias públicas?», se ha preguntado.
Y la respuesta es que estas «no están llegando a todas las personas» que tienen derecho a percibirlas por falta de información, por la brecha digital o por un despliegue insuficiente del ingreso mínimo vital, igual que la renta canaria o el bono social eléctrico.
«No se trata de aumentar recursos sino que lleguen a todos los que las necesitan», ha recomendado.
Otras propuestas que contiene el XVI Informe AROPE son garantizar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna y asequible, y en este sentido ha destacado que además de aumentar el parque público habría que priorizar la entrada en el mercado de los inmuebles vacíos; y avanzar hacia un empleo estable, con salarios suficientes y condiciones laborales dignas.
EFEjmor/brr(foto)