Las Palmas de Gran Canaria, 22 oct (EFE).
– Las barreras físicas y sociales que impiden la equiparación con el resto de la ciudadanía siguen siendo un obstáculo que lastra los anhelos de integración de las personas con discapacidad en España, pese a la igualdad de derechos y oportunidades que les otorgan las leyes, al no haber recursos suficientes para costear los medios que la hagan efectiva.
Es lo que ha denunciado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) al inicio de su congreso anual, que se celebra desde este jueves en Las Palmas de Gran Canaria, subrayando «el gran déficit» que aún arrastra España en esta materia.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, ha subrayado que España es un país «avanzado en políticas y legislación», pero el problema estriba en «la diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que todavía es muy grande y genera una frustración enorme y desafección y decepción en las familias y en las personas con discapacidad».
Se trata de personas «a las que les decimos que les damos derechos, pero después no les garantizamos su ejercicio», ha resumido el máximo representante de CERMI.
La discriminación de ese colectivo que persiste en toda España, aunque haya territorios en que su situación es peor que en otros, es visible especialmente en ámbitos como el de la movilidad, pues no siempre hay disponibles suficientes vehículos de transporte de servicio público para atenderlo con la misma celeridad que al resto de la ciudadanía, y, de manera más grave, en el de la enseñanza, ha apuntado uno de los vicepresidentes de CERMI, Anxo Queiruga.
Este directivo preside la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica y, desde la silla de ruedas que precisa para poder desplazarse, asegura que en España todavía «la gran mayoría de la sociedad vive de espaldas a la realidad de quienes tienen dificultades de movilidad».
Y ha relatado: «En mi caso, el de una persona con discapacidad física, yo no puedo salir del hotel y montarme en un taxi.
Tengo que hacer una reserva previa, ver si hay disponibilidad de ese taxi adaptado, y eso condiciona lo que tu día a día».
Ha añadido que el mismo problema puede darse en el transporte público, pues no siempre hay vehículos con equipamiento adecuado o con suficientes plazas para atender la demanda de quienes necesitan desplazarse con su silla de ruedas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía ne materia de tiempos y frecuencias.
Pero mucho peor es, según ha expuesto, la situación en lo que concierne a la aspiración de disponer de una enseñanza igualitaria, ya que, pese a ser propugnada en la teoría por normas ya vigentes, «la educación inclusiva no existe en la práctica», al carecer habitualmente los colegios ordinarios de medios que la posibiliten, tanto en materia de infraestructuras como de recursos humanos especializados en la atención a alumnos con discapacidad.
Y si los estudiantes con problemas físicos tienen dificultades para recibir su enseñanza en colegios normales, más aún los que padecen alguna discapacidad psíquica, que, prácticamente sin excepción, solo tienen opción de acudir a centros de educación especial, cuando estos, en teoría, deberían existir solo como recurso final para casos específicos de especial complejidad y, en última instancia, deberían estar abocados a desaparecer, ha dicho.
Anxo Queiruga ha agregado que otro campo donde sufren discriminación es «en materia de asistencia sanitaria, pues hay un problema con los temas también de la accesibilidad, de la tardanza en las consultas, de la detección y de la atención temprana y de los diagnósticos».
Además, «ahí es necesario que haya una buena coordinación entre la parte de servicios sociales y la parte de sanidad», ha apostillado.
«Eso optimiza los recursos, y optimiza también que la propia persona con discapacidad y su familia no tenga que andar de ventanilla en ventanilla y con gestiones administrativas cada día que, en muchos casos, además, no tienen la capacidad de llevar a cabo», ha argumentando Queiruga.
No obstante, este vicepresidente de CERMI ha matizado que no en todos los rincones de España las condiciones son iguales, pues son mejores o peores según se viva, por ejemplo, en áreas urbanas o en el medio rural, o en una comunidad autónoma u otra.
En la inauguración del congreso, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha apuntado a una diferencia que tienen las islas con otras partes del país, pero en positivo, en este caso en cuanto a la relación del colectivo con la Administración.
El actual Gobierno de Canarias, desde el momento mismo de su constitución, ha sido un Ejecutivo que «nace y, por primera vez en democracia, establece una dirección general específica de Discapacidad», ha señalado Clavijo.
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