Santa Cruz de Tenerife, 1 jul (EFE).
– Los rectores de la Universidad de La Laguna, Francisco García, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, han pedido en una carta remitida a los grupos parlamentarios que la futura Ley de Ciencia, que se tramita en la Cámara autonómica, reconozca su «peso objetivo» en el sistema científico de las islas.
En su carta institucional, Francisco García y Lluís Serra piden algunas modificaciones en el proyecto de Ley de Ciencia «desde el máximo respeto institucional» con el fin de reforzar «su coherencia, su seguridad jurídica, su sostenibilidad y su capacidad para responder a las necesidades reales del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación».
Los rectores reconocen que la norma debe recoger «la pluralidad del ecosistema canario de I+D+i», pero también reflejar adecuadamente dónde se genera mayoritariamente el conocimiento científico en Canarias, que es en las universidades públicas.
Los representantes universitarios se muestran preocupados porque el texto ofrece «una visión limitada de la ciencia desarrollada en Canarias y del papel que desempeña en la sociedad».
Los rectores denuncian que el texto concibe a la ciencia «casi exclusivamente por su contribución a la productividad, la competitividad o el crecimiento económico».
Pero olvida que también es «una actividad esencial para el progreso del conocimiento, la formación de personas, el pensamiento crítico, la cultura, la salud, la sostenibilidad, la cohesión social y la capacidad de una sociedad para comprender y afrontar los grandes desafíos de su tiempo».
García y Serra critican el papel que se da en el texto a la inteligencia artificial, porque una cosa es reconocer su importancia estratégica y otra distinta «anclar la arquitectura legal del sistema científico a una tecnología concreta».
«La ciencia canaria debe poder evolucionar con flexibilidad hacia los campos que en cada momento resulten más relevantes, sin que la propia ley introduzca una jerarquía normativa previa entre disciplinas, tecnologías o sectores de conocimiento», advierten.
Entre sus demandas figura que se reconsidere la composición del Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación que se plantea en la ley, para reflejar de manera proporcionada el peso objetivo de las dos universidades públicas.
«Resulta difícilmente justificable que la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenten únicamente con dos personas representantes cada una con voz y voto en un órgano cuya composición con derecho a voto es amplia y heterogénea», critican.
Los rectores afirman que no reclaman una posición de privilegio para las universidades públicas, pero sí que el Consejo Asesor responda a la realidad del sistema canario de ciencia.
García y Serra advierten de que las funciones de la Fundación Canaria de Investigación que propone la ley se solapan con estructuras ya existentes, como la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y las propias universidades a través de sus servicios de investigación, sus unidades de gestión y sus oficinas de transferencia del conocimiento.
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