Las Palmas de Gran Canaria, 26 sep (EFE).
– CCOO ha denunciado este viernes que en Canarias los médicos que se declaran objetores de conciencia en los hospitales públicos practican abortos en centros privados, donde en 2023 -último año con datos disponibles- se efectuaron el 93 % de las interrupciones voluntarias del embarazo.
«Entendemos que puede existir un derecho individual de los facultativos de declararse objetores de conciencia, pero lo que no puede ser es que sean falsos objetores morales de conciencia, que no quieran ser los aborteros en la pública, pero que luego estén realizando intervenciones voluntarias del embarazo en las clínicas privadas», ha declarado este viernes la secretaria de Mujer de CCOO en Canarias, Elvira Isabel Hernández.
En la presentación del informe ‘Por el derecho efectivo al aborto para todas’, Hernández ha señalado que el registro de objetores de conciencia no es público, por una cuestión de protección de datos, pero que, a su juicio, «la clave aquí está en que no puede prevalecer un derecho individual de un facultativo sobre el derecho de más de la mitad de la población».
El informe de CCOO se basa en los últimos datos publicados en 2023 por el Ministerio de Sanidad sobre la Encuesta de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que comprenden de 2019 a 2023.
La responsable de igualdad de la Federación de Sanidad de CCOO, Belinda Santana, ha indicado que saben que el Servicio Canario de Salud (SCS) deriva muchas casos a clínicas concertadas y que este sería uno de los motivos de que el 93 % de las interrupciones se efectúen en clínicas privadas junto al alto porcentaje de objetores entre los facultativos de la pública.
Además, ha manifestado que desconocen si ese 93 % de interrupciones que se realizan en clínicas privadas se ha realizado por medio SCS o si se los han pagado ellas mismas, «pero lo interesante sería que las interrupciones voluntarias de embarazo fueran todas en el SCS de manera gratuita y segura», pues se trata de un derecho reconocido por la ley.
Santana ha apuntado también que la intervención quirúrgica se suele realizar en las privadas mientras que en la sanidad publica se utiliza la medicación, y se manda a la mujer a su casa a sangrar sola y sin el acompañamiento adecuado.
Según los datos del Ministerio, en 2023 las interrupciones voluntarias del embarazo aumentaron un 4,8 % a nivel nacional con 103.
097 frente a 98.
316 en 2022.
Fue Cataluña la comunidad que presentó una tasa más elevada, con 14,92 por cada 1.
000 mujeres, y Canarias se situó en la mitad de la tabla, con 11,89.
En Canarias, la mayoría de las mujeres que realizaron en 2023 un aborto voluntario tenían entre 25 y 29 años, siendo de estas edades 1.
136 del total 4.
953 interrupciones que se llevaron a cabo en las islas.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se practicaron 2.
581 y en Las Palmas 2.
372.
Hernández ha advertido de que en el Estado español y, sobre todo, en Canarias existe un gran problema de inequidad en el acceso en función de donde viva la mujer, en qué isla, en qué provincia, en qué ciudad, en qué territorio, así como por su nivel cultural y económico.
«Las mujeres nos tenemos que enfrentar a una yincana que no es para nada accesible, unos circuitos que cuando es una cuestión de tiempo dificultan mucho el ejercicio de este derecho», ha agregado.
Así, según el informe, en la provincia de Las Palmas notificaron la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en 2023 tres centros hospitalarios en Gran Canaria y dos en Fuerteventura, pero no consta ninguno en Lanzarote, según los datos del Ministerio de Sanidad.
Igualmente, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se realizaron en dos clínicas y dos hospitales tinerfeños, pero en La Palma, La Gomera y El Hierro no constan centros donde se hiciera este tipo de intervención, según la misma fuente.
El informe ‘Por el derecho efectivo al aborto para todas’ detalla que el perfil de la mujer que practicó en 2023 una interrupción voluntaria del embarazo en Canarias tenía estudios de bachillerato o formación profesional, no tenía hijos, suele ser su primer aborto, no utiliza métodos anticonceptivos, presentaba menos de ocho semanas de gestación y lo efectúa a petición propia.
Además, suelen ser trabajadoras por cuenta ajena y desempleadas, en su mayoría tienen nacionalidad española, seguidas de las mujeres de Latinoamérica, y se informaron previamente en un centro sanitario público.
En relación al dato de la nacionalidad, Hernández ha advertido la dificultad con la que se encuentran las niñas y mujeres migrantes en situación irregular que no entienden «la maraña burocrática ni a dónde se les deriva», que les dificultad su acceso a este derecho y las expone a que aborten en condiciones no seguras.
LLa secretaria de Mujer de CCOO en Canarias ha apelado también al contexto internacional en el que Estados Unidos y países de América Latina están aumentando las políticas restrictivas del ejercicio del derecho al aborto, aunque también ha celebrado que el año pasado Francia incluyera el aborto en su Constitución.
EFEmrgz/cda