Las Palmas de Gran Canaria, 13 mar (EFE).
– El número de personas que fallecieron en las islas esperando un servicio dependencia al que tenían derecho se redujo el año pasado a un tercio con respecto a las cifras de la anterior legislatura: 2.
200 personas en 2025 frente a 6.
500 en 2023, según ha destacado viernes el Gobierno de Canarias.
En un comunicado, la Consejería de Bienestar Social remarca que, según los informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en la legislatura pasada murieron 23.
400 personas en el llamado ‘limbo de la dependencia’, con datos como las 6.
700 muertes en 2022 y las 6.
500 en 2023.
Bienestar Social recuerda que su titular, Candelaria Delgado, ya reconoció la semana pasada en el Parlamento que «el fallecimiento de cualquier persona mientras espera es una tragedia y merece respeto».
Delgado alegó, además, que entre los factores de estas muertes en la lista de espera se encuentra el de que se trata de una población «muy frágil, a menudo de edad avanzada, que entra tarde al sistema».
Según los datos que figuran en el Imserso, el 41,34 % de las solicitudes recibidas corresponde a mayores de 80 años, el 24,7 % son mayores de 65 y hasta 79, y población entre 0 y 64 años representa el 34,39 % restante.
La Consejería asegura que se sigue trabajando principalmente en conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y rebajar «drásticamente» el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre).
Bienestar Social se congratula de que el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ratifique que Canarias es una de las comunidades en las que más aumenta el número de personas que percibe la prestación, con un incremento del 30,5 % en 2025 y otro 30 % en las que tienen el derecho reconocido.
Por otro lado, critica «la falta de rigurosidad en algunos aspectos», como en el hecho de que no contemple el esfuerzo financiero de cabildos y del Gobierno en la firma de los convenios, con 1.
630 millones de euros; y se compare a comunidades autónomas que reciben el 50 % de financiación frente a Canarias, que no llega al 20 %.
En cuanto a la afirmación del informe de que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio porque el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido, señala que «existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema».
Pero que «la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto, así como para paliar la falta de camas residenciales», agrega.
La Consejería sostiene que la lista de espera «no es achacable a la administración, pero que, aun así, trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado, la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal».
También precisa que Canarias acaba de aprobar la modificación normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia, y contempla ayudas de hasta 900 euros para la figura del asistente personal, «muy por encima de los máximos establecidos por el Estado» (700 euros para Grado III).
Además, indica, el acuerdo contempla una modificación de la ley de Servicios Sociales de Canarias, «que permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles».
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