Santa Cruz de Tenerife, 21 mar (EFE).
– La consejera de Universidades del Gobierno canario, Migdalia Machín, ha dicho este viernes que el retraso en la firma del convenio para las plazas de profesores ayudantes e investigadores del programa María Goyri es responsabilidad de los rectores de las dos universidades públicas canarias.
Para el desarrollo de este programa, promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación con las comunidades autónomas, la Consejería de Universidades y las dos universidades tenían que firmar una adenda, pero los rectores decidieron dejarlo sobre la mesa hasta diciembre porque tenían dudas económicas hasta que la aportación del Gobierno de Canarias se incluyera en los presupuestos autonómicos.
«Es una responsabilidad de ellos», ha dicho Machín en comisión parlamentaria en respuesta a la diputada del PSOE Alicia Pérez Hernández, quien mostró su preocupación por la posibilidad de que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) no puedan contar con las nuevas contrataciones para el curso 2025-2026 por este retraso.
La representante del PSOE señaló que los rectores no querían firmar hasta que el dinero «estuviera reflejado» en los presupuestos «con todas las garantías», por el temor a tener que hacer frente con sus fondos a los contratos si no era así.
Migdalia Machín ha respondido que una vez firmada la adenda con las universidades hay cuestiones administrativas y trámites burocráticos que hay que solventar para hacer efectiva la transferencia, pero aseguró que el proceso está «avanzado», tanto en lo que respecta a la aportación estatal, que ya ha sido ingresada por el Estado, como a la autonómica.
El Estado aporta 1,68 millones de euros y la Comunidad Autónoma 3,72 millones, está pendiente de aprobarse la orden de pago y «queremos resolver el procedimiento con la mayor celeridad posible», ha garantizado Migdalia Machín.
La consejera, que ha contestado sobre este mismo asunto a la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, indicó que las plazas previstas son 188.
De ellas el Ministerio financia 113 (63 para la ULL y 50 para la ULPGC) y la Comunidad Autónoma 75 (42 para la ULL y 33 para la ULPGC).
Carmen Hernández ha considerado que la Comunidad Autónoma «no se ha puesto las pilas» para cumplir con el compromiso hacia estos profesores e investigadores y ha recordado que la única manera de retener el talento es ofreciendo contratos estables y dignos.
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