Las Palmas de Gran Canaria, 19 may (EFE).
– Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha calificado como «hito democrático» la respuesta ciudadana registrada este domingo 18 de mayo durante la tercera manifestación celebrada de forma simultánea en todas las islas bajo el lema ‘Canarias tiene un límite’ para pedir un turismo y crecimiento sostenibles.
En un comunicado, la presidenta del grupo parlamentario de NC-BC, Carmen Hernández, ha destacado la existencia de un «pulso ciudadano, un clamor popular firme contra el modelo desarrollista» que, a su juicio, ha «impuesto el Gobierno de CC y el PP, presidido por Fernando Clavijo, que está tensionando los recursos y degradando los servicios públicos».
La formación ha señalado que «el crecimiento poblacional derivado de un modelo económico asentado en una oferta turística sin límites está detrás del agravamiento» de problemas que sufre el archipiélago, como el colapso de las carreteras, la crisis hídrica, y «tensiones insostenibles» en la sanidad, la justicia, el sistema energético, así como de la emergencia habitacional que, para NC-BC es, «quizás, la expresión más dramática de este agotamiento».
Hernández ha señalado que el Gobierno canario «debe tomarse en serio la necesidad de frenar este crecimiento insostenible, que se manifiesta también en la llegada masiva de población para cubrir empleos precarios en el sector turístico y en el aumento de compras de vivienda por parte de grandes inversores o extranjeros, desplazando a nuestra gente del acceso a un derecho básico».
NC-BC ha considerado que «este clamor social va a seguir creciendo si no se toman medidas estructurales», porque «lo que está ocurriendo no es coyuntural, es una exigencia popular que irá a más porque la situación es ya insostenible».
La formación ha indicado que «Canarias necesita un nuevo rumbo» y que hay que apostar «por aplicar medidas concretas y valientes que permitan revertir esta situación», como la implantación de una ecotasa, una ley de residencia «jurídicamente sólida y defendible en Europa», un cambio «profundo» del modelo económico hacia la sostenibilidad y una política pública de vivienda «que priorice el interés general».
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