Santa Cruz de Tenerife, 22 abr (EFE).
– El grupo de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el Parlamento de Canarias ha registrado 56 enmiendas al proyecto de ley de ordenación del sistema público de comunicación audiovisual, con el objetivo de garantizar una Radio Televisión Canaria (RTVC) «cien por cien pública, independiente y democrática», frente al intento que atribuye al Gobierno de externalización, privatización y control político.
La diputada de NC-BC Carmen Hernández ha indicado que las enmiendas tratan de corregir las «serias deficiencias democráticas y jurídicas» del texto, que «vacía» de contenido el control parlamentario y concentra un «poder excesivo» en la figura de la dirección general, con plenas capacidades para contratar y decidir la línea editorial sin contrapesos institucionales.
Para revertir esta concentración de poder y evitar que el ente se convierta en un instrumento al servicio del Gobierno, NC-BC propone la obligatoriedad de aprobar un mandato marco respaldado por una mayoría reforzada del Parlamento, la creación de una junta de control más amplia y la limitación drástica de las competencias de la dirección general, especialmente en materia económica y editorial.
NC-BC plantea además la protección del empleo público y la imparcialidad de los contenidos prohibiendo expresamente la externalización de las funciones esenciales y de la producción de los espacios informativos.
También propone la creación de un Consejo de Informativos como órgano profesional independiente, establecer mínimos obligatorios de programación informativa y garantizar la presencia de la radio pública en todas las islas del archipiélago.
Según Hernández, el modelo impulsado por el Gobierno de Canarias pretende convertir a RTVC en un mero instrumento propagandístico de CC y PP a un año de la próxima cita electoral en las islas.
Las enmiendas han sido redactadas en colaboración con el comité de empresa del ente público y diversos profesionales del sector audiovisual canario, señala NC-BC, que muestra su disposición a dialogar durante el trámite parlamentario para incorporar mejoras que sean coherentes con la defensa de un modelo puramente público.
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