Nueva Canarias ha expresado su respaldo al contundente rechazo manifestado por los rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra, y la Universidad de La Laguna, Francisco García, a la propuesta del Gobierno presidido por Fernando Clavijo para el contrato programa de 2027 a 2030.
La portavoz del grupo parlamentario nacionalista Carmen Hernández denuncia en un comunicado que el Ejecutivo condena a las dos instituciones académicas públicas “a la UCI y con respiración asistida”.
Hernández mantiene que “no estamos ante un problema de falta de recursos, sino ante una decisión política”.
La parlamentaria de NC-BC afirma que la comparecencia de los rectores confirma «todo lo que venimos denunciando”, durante los últimos tres años.
Asegura que Clavijo “no cree en las universidades públicas, no apuesta por ellas y las está llevando a un proceso de debilitamiento que, en palabras de los propios rectores, pone en riesgo su sostenibilidad presente y futura.
”El documento conocido ahora «no responde a las necesidades reales” del sistema universitario canario», según Hernández.
Para NC el crecimiento de la financiación previsto para el periodo del 2027 a 2030 supone «apenas la mitad” de lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), lo que evidencia el “escaso compromiso” de CC y el PP.
En base a los datos del Ejecutivo, asegura que las universidades afrontarán ya en 2027 un déficit de unos 15 millones de euros para cubrir gastos estructurales como las nóminas, el mantenimiento de los campus, los suministros o los servicios básicos.
Es “incomprensible” que un Gobierno que ha dejado sin ejecutar 3.
430 millones de euros en tres años (2023, 2024 y 2025), cerca de 1.
100 millones solo en la última liquidación presupuestaria de 2025, “niegue ahora 15 millones a las universidades públicas para garantizar su funcionamiento,” critica.
Para NC-BC, esta propuesta es una “renuncia” a la modernización de las infraestructuras universitarias ya que retrasa inversiones “necesarias” para adaptar los campus a las nuevas necesidades docentes, científicas y tecnológicas.
Pero, para Hernández, las consecuencias son más graves aún, pues peligra que puedan ampliar la oferta formativa, especialmente los másteres habilitantes para ejercer profesiones como la docencia o la psicología.
Si la universidad pública no dispone de plazas suficientes, solo podrán acceder quienes puedan pagar hasta 10.
000 euros en una universidad privada, avisa.
EFEas