Santa Cruz de Tenerife, 12 dic (EFE).
– NC-BC registrará el lunes un voto particular contra la disposición adicional 46 bis incorporada al dictamen de los Presupuestos de Canarias para 2026, después de que la Mesa del Parlamento rechazara su petición de emitir un informe jurídico sobre la legalidad de la enmienda relativa a las ayudas al plátano en La Palma.
El portavoz parlamentario de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha anunciado este viernes en un comunicado la presentación de este voto particular con el objetivo de frenar lo que describe como una disposición “palmaria y evidentemente contraria al derecho de la Unión Europea”.
Según denunció, la propia redacción de la medida evita la emisión del informe de la Dirección General de Asuntos Europeos, que es obligatorio en materia de compatibilidad con la normativa comunitaria.
NC alerta de que están en riesgo 5.
000 plataneros de La PalmaCampos advirtió de que la disposición adicional 46 bis, avalada por los grupos que sostienen al Gobierno de Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI), pone en riesgo la seguridad jurídica y patrimonial de más de 5.
000 agricultores plataneros de La Palma, quienes podrían verse obligados a devolver las ayudas recibidas si Bruselas concluye que no respetan las reglas europeas sobre ayudas de Estado.
El diputado explicó que la Mesa del Parlamento rechazó la solicitud de NC-BC para obtener un informe jurídico sobre la legalidad de la enmienda, alegando que no tiene competencias para revisar el fondo legal de las propuestas incorporadas al proyecto de ley.
Sin embargo, recordó que el reglamento permite a los grupos presentar votos particulares para su defensa en el pleno previo a la votación final de la ley.
Campos detalló que la disposición cuestionada vulnera la normativa europea que regula las ayudas públicas y criticó que su incorporación al presupuesto se realizara mediante la enmienda número 116, presentada fuera del articulado del proyecto de ley remitido por el Gobierno.
A su juicio, esta maniobra buscaba eludir deliberadamente informes preceptivos de los Servicios Jurídicos, Secretarías Generales y la Comisión de Secretarios Generales.
Añadió que, posteriormente, una enmienda in voce (P-50) presentada por los mismos grupos introdujo un nuevo apartado destinado a eliminar incluso el informe obligatorio de compatibilidad europea previsto en el decreto 100/1999 y que debe emitir la Dirección General de Asuntos Económicos con la UE.
Para NC-BC, este procedimiento constituye un “intento sin precedentes” de anular los controles diseñados para garantizar que las ayudas públicas cumplen la normativa europea, lo que consideran una práctica “ilegal y peligrosa” para los agricultores.
Campos insistió en que su formación busca “defender la seguridad jurídica y patrimonial” del sector platanero y evitar que una “medida políticamente oportunista” derive en devoluciones futuras de fondos con intereses.
EFEbrr/spf