Santa Cruz de Tenerife, 17 abr (EFE).
– La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández ha exigido este viernes a la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que revise el funcionamiento de la inspección médica, porque podrían estar vulnerándose derechos fundamentales por el despido de personas con discapacidad mientras están de baja.
Hernández, que se ha hecho eco de denuncias sindicales, ha planteado en comisión parlamentaria que estos casos se están dando sobre todo en el ámbito educativo, donde docentes con discapacidad que causan baja son cesadas tras la evaluación de la inspección médica.
También ha mencionado que existen casos de despidos durante bajas de personas afectadas por enfermedades crónicas o graves, como el cáncer.
El Estatuto Básico del Empleado Público no prevé que la baja médica sea causa de cese y no puede ser que la Administración, que debe ser garante de derechos, actúe en sentido contrario y cese a personas en baja médica, más aún si existe discapacidad o enfermedad grave, ha señalado Hernández.
El informe de no apto por parte de la inspección médica implica el cese automático por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, ha señalado la diputada, pero ha agregado que algunas de estas personas han tenido que ser reincorporadas tras judicializar sus ceses.
Nieves Lady Barreto ha respondido que la inspección médica, formada por facultativos, solamente declara no apto a un empleado público si requiere una sustitución en su puesto de trabajo del 100 % por parte de otra persona, porque en caso contrario lo que hace es proponer los ajustes razonables necesarios, especialmente en casos de trabajadores con discapacidad.
La inspección evalúa la capacidad laboral basándose en criterios técnicos y a partir de ahí puede declarar al empleado apto sin condiciones, apto con recomendaciones, en cuyo caso se sugieren medidas de adaptación del puesto, o no apto, cuando se determina que el desempeño del puesto exige al 100 % la intervención de otra persona para poder realizarlo.
Barreto ha señalado que en el caso de la Consejería de Educación, se ha optado en diversas ocasiones por aceptar las recomendaciones de adaptación del entorno laboral e incluso por contratar a otra persona de apoyo para que el afectado pueda seguir desempeñando sus funciones.
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