Santa Cruz de Tenerife, 18 sep (EFE).
– Un estudio encargado por el Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna concluye que se necesita adaptar la contratación pública a la realidad insular para ganar competencia, atraer empresas y mejorar resultados.
La conclusión central que se desprende del mismo es que, además de la insularidad, condicionan a la contratación pública en Canarias una combinación de menor competencia, presupuestos que no siempre reflejan los sobrecostes insulares, menor atracción de empresas externas, uso intensivo de criterios objetivos y diferencias internas entre islas capitalinas y no capitalinas.
Para conocer la raíz del problema y buscar un diagnóstico, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha encargado a expertos de la Universidad de La Laguna un análisis comparativo de la contratación pública en Canarias entre 2016 y 2025, firmado por Javier Mendoza y Jorge García.
En la presentación del trabajo, la titular de Hacienda, Matilde Asián, ha concluido que «el mensaje es claro: Canarias no compite en igualdad de condiciones.
La lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado reducen la concurrencia empresarial, y esa menor presión competitiva se traduce en menos ofertas, más licitaciones desiertas y menores descuentos sobre el presupuesto inicial».
Razón por la que «el objetivo es conseguir que en las instituciones europeas se reconozca la condición de las regiones ultraperiféricas, también en el ámbito de la contratación pública».
El director general de Patrimonio y Contratación, Juan Domingo Cabrera, ha recalcado que el descenso al nivel de lote/contrato como unidad de análisis, el volumen de datos tratado (5,2 millones de registros procedentes de la plataforma de contratación del sector público española y 7,8 millones de la plataforma de la UE), o la aplicación de diferentes test estadísticos y la comparación multinivel sitúan este análisis por encima de la práctica habitual en este tipo de trabajos.
Uno de sus autores, Javier Mendoza, ha explicado que si se comparan los datos de concurrencia en Canarias con los de la Península, se evidencia que la competencia es menor en las islas con 2,89 ofertas por contrato frente a las 5,04 que registra una oferta pública en la Península.
A esto hay que añadir que el 8,93% de las licitaciones quedan sin adjudicar en Canarias, frente al 7,65% del resto de España.
Respecto a las bajas, la baja media es del 12,12% frente al 16,24% peninsular; lo que se traduce en un 25% menos de ahorro para las administraciones canarias.
Otros datos relevantes son la menor presencia de pymes como adjudicatarias de los procedimientos públicos en Canarias, que representan el 53,98% de las adjudicaciones, una cifra menor a la de otras regiones comparables y de Baleares.
La escasa competencia exterior supone que solo el 0,79% de los adjudicatarios son transfronterizos, frente al 6,10% de la Unión Europea continental.
También se aprecia una brecha entre islas, ya que las islas no capitalinas apenas alcanzan 2,23 licitadores por contrato y dependen en un 92,08% de criterios objetivos.
Canarias presenta menos ofertas que la UE continental, menos participación transfronteriza y peores registros que la mayoría de las regiones ultraperiféricas.
Sin embargo, el informe también muestra que el problema no es inevitable, ya que otras regiones insulares o ultraperiféricas obtienen mejores resultados cuando existen condiciones que favorecen la participación empresarial.
Matilde Asián ha enfatizado que «el reto no consiste en licitar más, sino en licitar mejor, además de promover un marco europeo que reconozca la singularidad de las regiones ultraperiféricas en contratación pública».
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