Santa Cruz de Tenerife, 28 mar (EFE).
– La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva ha pedido este viernes a los grupos parlamentarios que, cualquier reforma en este ámbito, debe garantizar sin ambigüedades el derecho del alumnado con discapacidad a acceder y permanecer en el sistema educativo ordinario en igualdad de condiciones.
Esta es una de las premisas que han expuesto representantes de la plataforma a los grupos parlamentarios, a quienes han presentado su propuesta para garantizar el derecho a la educación inclusiva en la reforma del decreto que regula este asunto.
En un comunicado remitido a EFE, la Plataforma, integrada por familias comprometidas con el respeto y la defensa de los derechos del alumnado con discapacidad, explica que ha sido convocada a una reunión en el Parlamento de Canarias con los representantes de los grupos políticos que conforman la comisión de Educación.
El objetivo del encuentro era trasladar sus aportaciones en el proceso de modificación del decreto 25/2018, de 26 de febrero, que regula la atención a la diversidad en el ámbito educativo no universitario, y de la orden de 1 de septiembre de 2010, sobre organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.
Durante el encuentro, la plataforma ha hecho entrega de un documento que recoge su propuesta integral de reforma normativa, con el objetivo de que la nueva regulación se ajuste plenamente a las exigencias legales y éticas establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, ratificada por España y de obligado cumplimiento.
También debe ajustarse a la Ley Orgánica de Educación, que consagra el principio de educación inclusiva como derecho fundamental y a la Observación General Nº 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que interpreta el artículo 24 de la Convención y establece criterios claros para una educación inclusiva real y efectiva.
La plataforma entiende que también debe incluirse en la reforma el respeto a la libre elección de centro educativo por parte de las familias, sin presiones ni derivaciones forzosas, así como a la dotación de recursos materiales, personales y metodológicos suficientes en todos los centros educativos para asegurar una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, especialmente en las etapas de educación primaria y secundaria.
Al respecto, recuerda que la inclusión no es un modelo opcional, sino un derecho humano y una obligación jurídica asumida por el Estado español, que debe reflejarse de forma efectiva en la legislación autonómica y en la práctica diaria de los centros escolares.
En el caso que la reforma de este decreto se ajuste a la propuesta de la plataforma y la convención de los derechos de las personas con discapacidad, Canarias sería «la primera Comunidad española en ajustar su normativa a la Convención y garantizar el derecho a la educación del alumnado con discapacidad», afirma.
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