Las Palmas de Gran Canaria, 3 nov (EFE).
– Podemos Canarias ha denunciado este lunes que el Gobierno autonómico reconozca la emergencia habitacional en el archipiélago pero no esté utilizando las herramientas recogidas en la Ley Estatal de Vivienda «para proteger a la ciudadanía».
En un comunicado, el partido defiende que, según sus datos, 29 municipios de las islas (uno de cada tres) cumplen al menos uno de los criterios que marca la ley para ser declarados zonas tensionadas, «bien porque los alquileres han subido demasiado en pocos años, o porque la gente tiene que destinar más del 30 % de su sueldo a pagar la vivienda».
Y señala que los más afectados son ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Adeje, Arona o La Laguna, «donde alquilar se ha vuelto casi imposible para muchas familias».
«Si un tercio de los municipios cumple los requisitos y el Gobierno no hace nada, está abandonando a las familias frente a la especulación», indica la portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana.
Podemos pone como ejemplo la capital grancanaria, donde una persona tiene que gastar como media más de un tercio de su sueldo solo en vivienda, y el alquiler ha subido un 29 % desde 2020.
Apunta también que hay pueblos, como Garafía o Mazo, en La Palma, donde el problema no es el precio de la vivienda, sino que los ingresos son tan bajos que aún pagando poco, muchas familias no pueden permitírselo.
El partido señala la expansión de la vivienda vacacional como «motivo clave» de esta situación, porque ha sacado del mercado miles de viviendas residenciales, sobre todo en zonas turísticas y capitalinas.
Podemos critica que, a pesar de estos datos, el Gobierno de Canarias no ha declarado ni una sola zona tensionada, ni ha activado el recargo del IBI del 150 % para viviendas vacías, una medida pensada para que vuelvan al mercado.
Y que, «en lugar de actuar ya, apuesta por construir más vivienda a largo plazo, sin resultados antes de 2027».
Podemos exige aplicar «de inmediato» las medidas previstas por la ley estatal, como la congelación de alquileres, los límites a nuevas subidas y las penalización de viviendas vacías, con control parlamentario.
«La situación es insostenible: más de 27.
000 personas esperan una vivienda protegida en las islas.
Si no se actúa ahora, la emergencia habitacional seguirá creciendo», advierte este partido.
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