Las Palmas de Gran Canaria, 4 sep (EFE).
– Podemos defenderá en el Congreso que se cumpla la promesa de que la empresa pública de viviendas sociales Visocan entregue en propiedad sus hogares a unas 3.
000 familias canarias que residen en ellas hace tiempo pagando alquileres bajos por la precariedad de sus ingresos, ante el temor a que finalmente eso no ocurra, según ha anunciado este viernes.
Esa demanda se planteará presentando una proposición no de ley encaminada a «exigir el cumplimiento de los compromisos sobre la entrega de estas viviendas», avanza el partido en un comunicado.
Podemos sostiene que los inquilinos de esas viviendas «no están pidiendo ningún privilegio: Exigen que se respete lo acordado y poder vivir con la seguridad de que nadie pondrá en riesgo sus hogares».
El partido destaca que se trata de «familias que han pagado sus cuotas durante años» y que, por tanto, han estado «cumpliendo su parte» de lo acordado con el Gobierno de Canarias a lo largo de varias décadas, desde la confianza en que sus casas serían finalmente de su propiedad.
Esa confianza esta ahora en cuestión ante el bloqueo del proceso que debería conducir a su entrega a sus moradores por parte de Visocan y el Gobierno canario, opina la diputada de esa formación por Las Palmas Noemí Santana, encargada de defender la iniciativa en el Congreso.
Santana reclamará una solución urgente, aduciendo que «prolongar esta situación supone mantener a miles de familias en una incertidumbre que la administración tiene capacidad para resolver».
Más aún cuando, según se subraya en palabras de Fernando Ruiz, secretario de Comunicación de Podemos Canarias, «estamos hablando de personas vulnerables que pueden pasar de pagar unos 50 euros al mes a enfrentarse a alquileres superiores a 800 euros», por lo cual «para muchas familias significaría elegir entre pagar su vivienda o cubrir necesidades básicas».
Por todo ello, advierte además de que la plataforma que representa a las en torno a 12.
000 personas afectadas por el problema «teme que la situación jurídica de los inmuebles pueda abrir la puerta a incrementos de esta magnitud y ha anunciado su intención de emprender acciones judiciales ante la falta de una solución».
En esa coyuntura, Noemí Santana afirma: «Si el Gobierno de Canarias continúa sin resolver el problema, estas familias tendrán una voz en Madrid.
Vamos a llevar su reclamación a la Comisión de Vivienda y exigir que las administraciones cumplan los compromisos adquiridos».
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