Puerto del Rosario (Fuerteventura), 13 sep (EFE)- El Partido Popular (PP) de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha advertido de que la aprobación definitiva del Catálogo Municipal de Protección, sin haber ejecutado previamente la sentencia que afecta a las casas de La Cornisa, puede abrir un nuevo escenario de incertidumbre jurídica.
En un comunicado, los populares han manifestado que el conjunto histórico de La Cornisa ha quedado «judicializado, no protegido” y cuestionan las condiciones en las que el gobierno municipal (CC-PSOE) ha culminado la tramitación de un documento de especial trascendencia para el patrimonio de la capital.
El Grupo Popular ha considerado como una «irresponsabilidad» que el alcalde y su gobierno hayan recurrido a un pleno urgente y extraordinario para aprobar definitivamente el Catálogo sin despejar previamente dos cuestiones que consideran fundamentales: las garantías jurídicas de la inclusión de los inmuebles de La Cornisa y las consecuencias económicas que la catalogación tendrá para los propietarios afectados y para el propio municipio.
En el pleno, la concejala del PP Clara Peña ha incidido en que «la urgencia no protege el patrimonio, lo protege el cumplimiento de la ley» y ha subrayado que no se está «cuestionando la necesidad de contar con un Catálogo Municipal de Protección sino que lo que exigimos es que se apruebe con todas las garantías para que sea seguro, duradero y justo».
Los populares han recordado que, durante la tramitación del documento, los informes jurídicos municipales habían señalado la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación para dar cumplimiento a la sentencia que afecta a los inmuebles de La Cornisa.
Este criterio quedó reflejado en los plenos de mayo y julio de 2025, cuando se advirtió de que continuar la tramitación sin resolver previamente esta cuestión podía comprometer la validez del Catálogo.
Sin embargo, en el pleno extraordinario de marzo de 2026, el gobierno municipal cambió de criterio e incorporó los inmuebles de La Cornisa sin haber ejecutado previamente la sentencia y sin que, según denuncia el PP, constara un informe jurídico específico del departamento de Planeamiento que justificara esta decisión.
El PP ha destacado que el informe técnico incorporado al expediente para la aprobación definitiva remite expresamente a la correspondiente valoración jurídica sobre la inclusión de los 16 inmuebles de La Cornisa, lo que refuerza la necesidad de contar con un pronunciamiento jurídico específico antes de culminar la aprobación, señala el comunicado.
En él han advertido de que la ausencia de estas garantías podría dar lugar a nuevas controversias judiciales, posibles consecuencias económicas para el Ayuntamiento o incluso a que se cuestione la validez del propio Catálogo.
Además, el PP ha expresado su preocupación por no existir una valoración económica individualizada de las casas de La Cornia que permita conocer el coste que las obligaciones de protección pueden suponer para los propietarios afectados.
El PP ha insistido en que la protección del patrimonio debe ir acompañada de una evaluación rigurosa de las obligaciones que se imponen a quienes poseen los inmuebles catalogados.
Por ello, el PP ha reclamado al alcalde que explique el cambio de criterio respecto a La Cornisa, aclare las garantías jurídicas que respaldan la inclusión de sus inmuebles y aporte una evaluación económica rigurosa de las consecuencias de la catalogación.
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