PP pide paralizar la tasa de basura de Las Palmas hasta que se haga un informe económico

Las Palmas de Gran Canaria, 14 mar (EFE).- El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado que se paralice la aplicación de la tasa de basura de la capital grancanaria aprobada inicialmente en el pleno de enero hasta que no se elabore un informe técnico-económico detallado de sus costes directos e indirectos, entre otras cuestiones.A través de un comunicado, el PP ha señalado este viernes que esta petición se hace a través del proceso de alegaciones a la nueva tasa de basura, y ha detallado que en el informe que instan al Ayuntamiento a realizar tiene que aparecer un desglose de «los costes directos e indirectos del servicio», pero también una justificación de la cuantía de la tasa en relación al coste real del servicio y de su cumplimiento con los principios de proporcionalidad y equidad.La nueva tasa de basura de la capital grancanaria, que se ejecuta en base a una normativa estatal que es una transposición de una ley europea, establece pagos a razón de 149,33 euros por vivienda como máximo.Según la portavoz del PP en el Ayuntamiento de la ciudad, Jimena Delgado, «de la directiva europea que da origen a la Ley de Economía Circular, aprobada por las Cortes Generales con la abstención del PP, a lo que se ha traducido para el bolsillo de los vecinos de los municipios va un trecho», y ha tachado de «atraco en toda regla» esta tasa capitalina.En sus alegaciones, los populares también han solicitado abrir un proceso de debate público en el que participen la ciudadanía y los sectores afectados, y que se valoren alternativas de financiación que no recaigan exclusivamente sobre la población, ya que la Ley 7/2022 abre la puerta a fórmulas de compensación que reduzcan notablemente el coste de la tasa y que puede asumir el propio Ayuntamiento.En total, ha asegurado Delgado, el PP ha presentado seis alegaciones a esta ordenanza que se fundamentan en la falta de «progresividad y equidad» de la tasa; la falta de transparencia en el cálculo de la cuota a pagar; la falta de mecanismos adecuados de pago por generación; el incremento de la presión fiscal sin mejora proporcional del servicio; la vulneración del principio de suficiencia financiera y no confiscatoriedad, y la ausencia de participación ciudadana.El PP entiende que la falta de progresividad y equidad se fundamenta en que el sistema tributario debe estar orientado a la capacidad económica de la sociedad, «de manera que quienes tengan mayores recursos contribuyan en mayor medida y quienes se encuentren en situaciones más vulnerables o con menores ingresos no se vean sobrecargados», algo que no sucede en este caso al ser un mismo importe para todas las familias.La falta de transparencia en el cálculo de la cuota a pagar se explica porque la ordenanza en cuestión no define con la claridad necesaria los criterios utilizados para determinar el importe de la tasa.La falta de mecanismos adecuados de pago por generación, ahondan los populares, tiene su sentido en que, de acuerdo a este principio, es imprescindible contar con un sistema fiable que permita medir con precisión la cantidad de residuos generados por cada usuario, algo que es imposible conocer en la ciudad.»Implantamos la tasa en un momento crítico, con el pliego de Recogida de Residuos vencido desde 2020 o con contratos de la época de pandemia prorrogados a nuestro juicio ilegalmente», ha subrayado la portavoz del PP, por lo que no se garantiza este principio.Los tres argumentos restantes se explican en sí mismos, ha indicado la edil en relación al incremento de la presión fiscal sin mejora proporcional del servicio; la vulneración del principio de suficiencia financiera y la ausencia de participación ciudadana.Eso sí, el PP dice tener «pocas esperanzas» de que la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias (PSOE), «reflexione y corrija este atraco» a la ciudadanía palmense. EFEcas/cda