Madrid, 6 may (EFE).
– El Senado ha rechazado este martes con los votos del PP y Vox una moción del Grupo Izquierda Confederal, por la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas para limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Canarias y Baleares.
La moción, debatida en la Comisión Mixta de Insularidad, ha sido rechazada por considerar que esta iniciativa es ilegal, no aporta soluciones y que sólo pretende levantar barreras y culpar a los compradores extranjeros del problema de la vivienda.
Previamente, el senador Fabián Chinea, de Sumar, había hablado del grave problema de vivienda que existe en las islas y de la necesidad de establecer un marco normativo que limite, regule o condicione la compra de inmuebles por parte de ciudadanos no residentes.
También pedía que se impulsaran medidas para fomentar la vivienda asequible, la rehabilitación del parque inmobiliario y que se priorice el acceso para residentes en ambos archipiélagos.
En su exposición, ha hecho hincapié en que son medidas que se están adoptando en otros países europeos como Dinamarca o Malta, y en que esta moción no se enmarca en una batalla ideológica, sino en la defensa del modelo de isla que queremos para el futuro.
El diputado de Vox Jorge Campos, por su parte, ha opinado que lo único que pretende esta moción «ilegal» es desviar la atención de la mala gestión del Gobierno en materia de vivienda culpando a los compradores extranjeros.
Y ha añadido que prohibir o limitar la compra de vivienda a ciudadanos extranjeros es «pura xenofobia», mientras que el PP ha responsabilizado del problema de la vivienda al Ejecutivo de Pedro Sánchez por «no gestionar» y «hacer promesas vacías» en esta materia.
Para los populares, el problema de la vivienda lo ha generado el Gobierno con inseguridad jurídica, burocracia, la subida de impuestos y dando «total impunidad a los okupas».
La diputada del PSOE María Dolores Corujo, del PSOE, por su parte, se ha centrado en las medidas que ha tomado el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la eliminación de las denominadas Golden Visa (el permiso de residencia para extranjeros inversores en España) y la aprobación de ley de la vivienda.
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