Santa Cruz de Tenerife, 9 abr (EFE).
– La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de uno de los cuatro absueltos en la pieza central de la estafa de criptomonedas conocido como caso Arbistar, en el que pedía paralizar el supuesto blanqueo que se juzgará ahora.
En estos momentos el principal encausado, Santiago Fuentes, al igual que su socio, Diego Felipe Fernández, han sido condenados a 16,5 y 11,5 años por estafa y organización criminal y se ha decidido que sean encausados por blanqueo.
Los otros cuatro procesados que quedaron absueltos de los primeros delitos previsiblemente se volverán a sentar en el banquillo, esta vez por el nuevo cargo.
Uno de ellos sostiene que los hechos por los que está imputado “coinciden exactamente con los que fueron objeto de acusación, contradicción, prueba y sentencia”.
En aquel momento, según alega, se falló que el investigado carecía de conocimiento de la actividad defraudadora de la empresa, que su participación se limitaba al desarrollo de un producto distinto y legítimo, y que su eventual responsabilidad sería, en todo caso, civil como partícipe a título lucrativo.
El magistrado, sin embargo, cree que existen “nítidos indicios de participación delictiva” perpetrada por el ahora imputado de nuevo, a pesar de “los esfuerzos dialécticos desplegados por su defensa para desligarse de la posible trama en la que efectuaba sus actividades negociales criminalmente”.
En el auto, se señala que “existe constancia de la posible participación del recurrente en las presuntas actuaciones delictivas, al propiciar la apariencia de legitimidad a activos de origen ilícito, de las irregulares ganancias obtenidas de captación de cuantiosas sumas dinerarias no devueltas” a los estafados.
La Audiencia Nacional recuerda que entre 2019 y 2020, los encausados, a través de Arbistar y movidos “por un ánimo de enriquecimiento ilícito”, desarrollaron un negocio fraudulento de captación masiva de casi 9.
500 inversores mediante un sistema ficticio de arbitraje de criptomonedas que causó un perjuicio de cerca de 200 millones.
En agosto de 2020, la sociedad comunicó que un error informático en el algoritmo había generado más interés del real, lo que había producido un descuadre de las cuentas, por lo que era imposible atender a los reintegros solicitados.
Las pruebas apuntaron que las cantidades ingresadas eran “distraídas” de su supuesto destino reingresando al circuito económico a nombre de otras personas y sociedades.
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