Santa Cruz de Tenerife, 28 jul (EFE).
– El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres, a penas de entre 6,5 y 20 años por considerarlos responsables de una red de trata de seres humanos relacionada con la prostitución que llegó a tener ramificaciones en Tenerife donde residió una de las tres víctimas, que no pudo ser localizada.
El Supremo da por probado que desde la isla la mujer enviaba dinero a la cabecilla de la trama hasta que los hechos fueron denunciados, salieron a la luz y los responsables entraron en prisión provisional, momento en el que se convirtió en testigo protegida.
Las mujeres engañadas accedían a territorio europeo, muchas veces tras realizar un largo y penoso periplo por tierra desde su país de origen.
El epicentro de la trama se situó en Valladolid y Salamanca y se da por probado que a todas ellas se les sometió su voluntad por medio de rituales de vudú, de manera que se las obligaba a trabajar en club de alternes, en uno de los casos en Tenerife, aprovechándose de su situación de “precariedad extrema”.
El Supremo ratifica la pena a la cabecilla por tres delitos de trata a razón de seis años y medio cada uno y seis meses por ir en contra de los derechos de los ciudadanos extranjeros, lo que suma 20 años.
Su hermano es condenado a cinco años y medio por cada uno de los dos primeros cargos y medio año por el segundo lo que suma 11,5 años y a la vez ambos deberán pagar de forma conjunta a dos de las víctimas un total de 85.
000 euros en indemnizaciones por los daños morales y físicos que presentan.
La segunda encausada recibe una pena de seis años y medio por inducir a la prostitución y otro más por falsedad y finalmente otro de los hermanos deberá cumplir 5,5 por el primer cargo y uno por ir en contra de los derechos de los ciudadanos extranjeros.
De forma conjunta pagarán 28.
000 euros a una de las mujeres que contrajo una enfermedad infecciosa crónica y las consiguientes secuelas, 2.
700 por las psíquicas y 20.
000 por las morales.
Los acusados fueron detenidos a raíz de una investigación iniciada en la Península en 2016, tras la presentación de una denuncia por parte de la sobrina de una de las víctimas, tras lo que las tres aceptaron ser testigos protegidas.
Dos de ellas declararon que fueron captadas en su país de origen por la cabecilla y luego venían a España acompañadas por su hermano en un viaje realizado en condiciones penosas a veces llegando en patera a Italia y en otras a Canarias, mientras que la que estuvo en Tenerife dijo que había venido a estudiar.
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