Santa Cruz de Tenerife, 28 mar (EFE).
– El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por diez de los más de 20 involucrados en la conocida como ‘Operación Medina’, que fueron condenados a cuatro meses de cárcel y el pago de indemnizaciones por valor de 40 millones de euros por un delito contra la Hacienda Pública.
Esta trama fue considerada en su momento la mayor estafa del país diseñada para eludir el pago de impuestos y donde, como certifica el Supremo, jugó un papel importante Canarias en cuanto está exenta del impuesto de valor añadido (IVA), razón por la que varias sociedades se asentaron en las islas.
En las penas de cárcel impuestas se tuvo en cuenta las dilaciones indebidas y la confesión voluntaria, pero la condena impuso el pago a los procesados del 40 por ciento de la cantidad defraudada y se descartó el delito de asociación ilícita.
La operación se inició en febrero de 2006 a raíz de descubrirse una investigación por un fraude por parte de una empresa ubicada en Málaga, por lo que salió a la luz «un complejísimo» entramado de sociedades relacionadas con informática y telefonía móvil.
A finales de ese año, la Audiencia Nacional se hizo cargo de las investigaciones dado que las entidades estaban repartidas por toda España.
El Supremo confirma ahora que en el fraude resultó básico que las empresas ubicadas en las Islas Canarias puedan hacer adquisiciones usando el número de operador intracomunitario (NOI) que les permite actuar en el ámbito europeo sin pagar el IVA.
De esta manera, quien compra actúa como si fuera el vendedor y deduce el abono del impuesto, en operaciones cuyos controles en las islas son menores comparados con los que existen en el resto del territorio nacional.
En la jerarquía de la organización los roles los ocupaba un condenado que actuaba desde Países Bajos, otro en Valencia y uno más situado en Canarias desde donde se dirigía «una importantísima plataforma» de empresas «trucha».
El Supremo recuerdo que este término se utiliza por su carácter escurridizo, al tratarse de sociedades ficticias que se usan para cometer fraudes, simulando adquirir productos directamente de proveedores europeos pero sin pagar el IVA.
A finales de 2006, se detuvo a 45 personas y se llevaron a cabo 28 registros en empresas de las islas y otros puntos de España, sospechándose entonces de un fraude a Hacienda se llegó a calcular en unos 400 millones.
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