Santa Cruz De Tenerife, 26 mar (EFE).
– El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha cuestionado este jueves si es el camino correcto el que las viviendas construidas con el esfuerzo de todos los canarios terminen siendo privadas, pues el parque público de vivienda se ha situado en un porcentaje «ridículo».
Rodríguez ha hecho esta reflexión en respuesta a una pregunta de la diputada de NC-BC Carmen Hernández sobre si tiene la intención de resolver a favor de las familias de las viviendas sociales ubicadas en Telde, en el edificio 135 VPO de Ojos de Garza, para que finalmente puedan adquirir en propiedad las viviendas adjudicadas hace décadas, tal y como se comprometió Visocan.
El consejero ha recordado que esta posibilidad de acceder a la titularidad de las viviendas se publicó en un decreto en junio de 2023, con el Gobierno regional «casi en funciones», y ha explicado que en este caso hay «dos paquetes» de casas de promoción pública, unas del Icavi y otras de Visocan.
En el caso de las correspondientes al Icavi prácticamente el cien por cien de las familias han accedido a la propiedad, pero no ocurre lo mismo con las de Visocan porque en el decreto se establece que en ningún caso esta empresa puede facilitar una actuación que le suponga un detrimento patrimonial.
Por ello está siendo «muy complicado encontrar una solución concreta», ha explicado el consejero, para precisar que actualmente no se podría autorizar el acceso a la propiedad de un beneficiario de vivienda pública.
Sin embargo, en Canarias ha habido al menos tres decretos en el pasado que sí lo han hecho y ello ha provocado el que se haya ido perdiendo parque público de vivienda, con lo que además se ha complicado la gestión.
Como ejemplo de esto último ha citado el caso de Jinámar, donde en una promoción de 50 viviendas veinte son del Icavi y el resto ha pasado a propiedad de particulares por lo que si hay que efectuar obras de emergencia la entidad pública no puede actuar inmediatamente, sino esperar a que haya derramas de la comunidad.
Es verdad que en el caso de Ojos de Garza «se han generado expectativas y mi compromiso es buscar una solución», ha continuado Pablo Rodríguez, al tiempo que ha recordado que el parque público de vivienda en Canarias consta de unas 14.
000 casas del Icavi y 6.
000 de Visocan y «¿si completamos en todas el proceso de acceso a la propiedad en cuánto se queda?, ha incidido.
La diputada Carmen Hernández ha subrayado que los vecinos de Ojos de Garza «desesperan por que se cumpla este compromiso» y ha argumentado que llevan 30 años pagando su cuota, para añadir que hay un agravio comparativo entre las viviendas del Icavi y las de Visocan.
La controversia proviene de que Visocan «quiere rentabilidad» y aspira a vender estas viviendas al precio de tasación actual, unos 90.
000 euros, mientras que las familias demandan que se tase al precio de hace 30 años, unos 40.
000, ha explicado Hernández, para quien las viviendas públicas deberían ser de alquiler para no generar expectativas.
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