Las Palmas de Gran Canaria, 2 jul (EFE).
– El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha mostrado su satisfacción por que, tras meses investigaciones por parte de administraciones y organismos competentes, continúe el procedimiento para esclarecer por los cauces legales la causa de la mortandad masiva de peces que sufrió una granja de acuicultura en octubre de 2025.
Así lo ha manifestado el Consistorio en un comunicado después de que la Fiscalía de Medio Ambiente haya entregado a los Juzgados de Telde (Gran Canaria) las investigaciones que había iniciado para comprobar si «las numerosas irregularidades» detectadas en la gestión de la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Silva se relacionan con estos hechos.
Al respecto, la institución municipal considera «positivo que la investigación permita determinar con el máximo rigor el origen y alcance de los hechos relacionados con la llegada de restos procedentes de la mortandad masiva de peces en las jaulas de acuicultura que afectó a la costa de Telde, ocasionó el cierre temporal de playas y generó una lógica preocupación entre la ciudadanía».
Por ello, el Ayuntamiento de Telde ha reiterado su compromiso de «colaboración absoluta con la Administración de Justicia y con todas las administraciones competentes», y ha puesto a disposición de la investigación cuantos documentos, informes, antecedentes, datos o cualquier otro elemento de interés obren en poder de la institución municipal y puedan contribuir al completo esclarecimiento de los hechos.
Además, la corporación asegura que «mantendrá la misma firmeza con la que ha venido actuando desde el primer momento para defender el interés general, la protección del litoral y los intereses de la ciudadanía de Telde, colaborando activamente con la investigación y promoviendo que, una vez concluidas las diligencias, se depuren todas las responsabilidades que, en su caso, pudieran corresponder a quienes resulten responsables».
El Ayuntamiento teldense recalca, en cualquier caso, que la comunicación emitida por la Fiscalía «no formula pronunciamiento alguno» contra esta institución «ni atribuye responsabilidad alguna a esta administración, limitándose a informar de la remisión de las diligencias al órgano judicial competente para la continuación de la investigación».
Por eso, ha insistido en que hay que «respetar el desarrollo del procedimiento judicial y evitar conclusiones anticipadas mientras se practican las diligencias necesarias para determinar la existencia, naturaleza y alcance de las posibles irregularidades que son objeto de investigación».
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