Santa Cruz de La Palma, 31 ago.
(EFE).
– La Asociación Tierra Bonita ha reclamado “la máxima transparencia» sobre las ayudas concedidas por el Gobierno de Canarias a las personas afectadas por la erupción de Tajogaite y ha cuestionado que se mantenga oculta la identidad de los beneficiarios de las compensaciones económicas por las pérdidas sufridas.
La asociación de afectados por la erupción, que mantiene un litigio contra el Ejecutivo autonómico para reclamar las actas y grabaciones del PEVOLCA, ha recordado que el Gobierno de Canarias también ha recurrido ante los tribunales el requerimiento del Comisionado de Transparencia para hacer públicos los nombres de los beneficiarios de estas ayudas.
Tierra Bonita ha señalado en un comunicado que no cuestiona las compensaciones ni el derecho de los damnificados a recuperar sus proyectos de vida, sino la decisión de mantener confidencial la identidad de quienes las reciben.
El Gobierno canario sostiene que el importe de las ayudas permitiría deducir la situación económica de los beneficiarios antes de la erupción, aunque la asociación considera que la identificación de los perceptores no afecta a su honor o intimidad ni revela, por sí misma, datos especialmente protegidos.
Desde Tierra Bonita también han cuestionado que la Ley de Volcanes de Canarias establezca un régimen de confidencialidad para las personas físicas mientras sí se publican los nombres de las empresas beneficiarias.
Según el análisis realizado por Tierra Bonita, entre las resoluciones publicadas desde 2024 figuran al menos tres compensaciones superiores al millón de euros y otras tres por encima de los 800.
000 euros.
El colectivo considera que la transparencia es una obligación con la sociedad, dado que las ayudas se financian con fondos públicos, y sostiene que conocer su distribución permite fiscalizar el uso de los recursos y prevenir posibles irregularidades.
En relación con el recurso anunciado por el PSOE para acceder al listado de beneficiarios, Tierra Bonita destaca que los socialistas no persiguen la publicación de los datos, sino poder consultarlos para ejercer su función de control parlamentario.
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