La gestión cultural de la capital grancanaria se adentra en un complejo escenario de litigiosidad. Tilman Kuttenkeuler, quien ha llevado las riendas de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria durante la última década, ha decidido plantar batalla legal tras su destitución al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas, después de que estas dos instituciones lo hayan protegido y beneficiado durante años al mantenerlo en el cargo pese a la sentencia del Tribunal Supremo que solicitaba su cese por acceder al puesto de manera irregular.
El gestor cultural alemán ha formalizado dos demandas simultáneas —una por la vía laboral y otra por la contencioso-administrativa— que amenazan con paralizar o ensombrecer el proceso de relevo en la dirección de las dos principales instituciones escénicas de la ciudad: el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.
La ofensiva jurídica de Kuttenkeuler no es un hecho aislado, sino el último capítulo de una relación contractual crónicamente judicializada. El origen de la inestabilidad institucional se remonta a su polémico nombramiento en 2016, un proceso que fue impugnado y que terminó en los despachos del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dictaminó en su día la nulidad de aquella designación original debido a fallos de procedimiento en la convocatoria pública. A pesar de aquel revés judicial que invalidaba su plaza, el Patronato de la Fundación optó por mantenerlo de forma interina en el cargo para evitar un vacío en la gestión, una situación de provisionalidad que se ha prolongado hasta este año.
El detonante actual se produjo el pasado 23 de marzo, cuando el Patronato notificó formalmente a Kuttenkeuler que no continuaría al frente de la entidad. Su salida definitiva se materializó el 23 de junio, coincidiendo con la finalización de los actos institucionales de los Honores y Distinciones del Ayuntamiento. Sin embargo, el exdirector no ha aceptado los términos de su salida y ha activado la maquinaria legal. Por un lado, la demanda laboral busca dirimir los derechos económicos y las condiciones de la rescisión de su contrato tras diez años de servicio. Por otro lado, la demanda contencioso-administrativa ataca directamente la línea de flotación del futuro de la Fundación.
Esta segunda demanda impugna formalmente las bases del concurso público convocado el pasado 27 de marzo en el Boletín Oficial de la Provincia para elegir al nuevo director general. Kuttenkeuler alega presuntas irregularidades en el diseño de los requisitos de la convocatoria. Ambas demandas ya han sido admitidas a trámite por los órganos judiciales correspondientes, lo que introduce un factor de enorme incertidumbre sobre la validez del concurso actual, cuyo plazo de recepción de candidaturas finalizó el 11 de abril y que actualmente se encuentra en fase de evaluación de aspirantes.
Mientras el Patronato de la Fundación intenta mantener la normalidad y avanzar en el proceso de selección para no dejar descabezada la programación cultural, la sombra de una posible suspensión cautelar del concurso planea sobre las oficinas de la plaza de la Música. El pulso de Kuttenkeuler abre un periodo de interinidad jurídica que podría condicionar la contratación de grandes producciones artísticas y la estabilidad financiera de una institución clave para el panorama de las artes escénicas en Canarias.