Las Palmas de Gran Canaria, 2 mar (EFE).
– El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha denunciado este lunes «una planificación a medida» que sostiene se ha hecho para colocar un parque temático en El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, que tacha de «ejemplo de nefasta planificación» y de «perversa clasificación del suelo».
La organización hace esas afirmaciones tras haber participado en el trámite de sugerencias y alegaciones en relación con el documento del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril de dicho municipio del sur de Gran Canaria, según destaca en un comunicado.
Que relata que Turcón aportó al trámite, que se inició mediante anuncio del 16 de diciembre de 2025, un documento de más 30 folios con las sugerencias a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, así como al Ministerio de Hacienda y a su Dirección General de Patrimonio del Estado.
Planteando que la pieza de suelo donde se está planificando «corresponde a toda la ciudadanía, ya que es patrimonio público», existiendo una «interesada confusión respecto de la propiedad del espacio».
El colectivo insiste en que es una finca de dominio público con deslinde firme hace treinta años y que no puede ser discutida la propiedad.
En este sentido, apunta que de la documentación urbanística y ambiental sometida a información pública se desprende «la afección a bienes de titularidad estatal y/o a bienes de dominio público de carácter estatal (incluido el dominio público hidráulico)», cuya gestión ordinaria en Canarias corresponde al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Cabildo), pero cuya titularidad y tutela últimas corresponden al Estado.
En su condición de órgano directivo competente en materia de gestión y defensa del demanio y patrimonio del Estado, Turcón «se ha dirigido al Ministerio reclamando que esa Dirección General valore el interés directo del Estado en el expediente y, en su caso, impulse las actuaciones oportunas para salvaguardar sus derechos y bienes».
A la vista del expediente en información pública, Turcón solicitó a la Dirección General que considerase y, en su caso, interviniese por la titularidad mayoritaria del suelo afectado, que insiste es del Estado «aproximadamente en un 70 %».
Además de denunciar irregularidades como la «ausencia de notificación expresa a la Dirección General de Patrimonio del Estado» y de solicitar a la Dirección General que «intervenga en el expediente de evaluación ambiental sometido a información pública a fin de garantizar la prevalencia del dominio público (en particular, del dominio público hidráulico) en la totalidad o parte del ámbito».
Y añade que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria «habrían otorgado permisos para actuaciones de canalización en el cauce del barranco que atraviesa el ámbito del barranco de El Veril», por lo que se insta a que «valoren la compatibilidad de tales actuaciones con la titularidad estatal del dominio público hidráulico».
A la luz de la evolución climática y de la planificación estatal de gestión del riesgo de inundación, apuntan los ecologistas, ha solicitado «conocer el criterio de esa Dirección General sobre la ocupación parcial del cauce y sus zonas de protección (servidumbre y policía)», y si considera oportuno «formular observaciones para reforzar la evaluación de riesgos, exigir alternativas de menor afección y/o incorporar medidas preventivas, correctoras y de restauración suficientes».
Para Turcón, sobre este «territorio discontinuo y de gran fragilidad», con una «geografía singular» de lomos y barrancos que desaguan en el mar, la ocupación «genera actuaciones de riesgo», por lo que la propuesta de ocupar el cauce con una actividad de gran afluencia de personas de todas las edades «merece el reproche inicial».
Turcón-Ecologistas en acción ha solicitado «un pronunciamiento objetivo y neutral al Órgano Ambiental» desde la «necesaria observación técnica y jurídica» que debe «apoyar las decisiones asignadas al órgano Ambiental para su neutralidad y observación objetiva de los valores del espacio y de la seguridad de la ciudadanía», y que «proceda a la devolución de este expediente para una mejor evaluación de sus efectos ambientales y sociales».
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