Santa Cruz De Tenerife, 6 oct (EFE).
– El sindicato UGT ha advertido este lunes de que el borrador de la nueva Ley del Sector Audiovisual de Canarias, que afecta a la gestión de Radiotelevisión Canaria (RTVC), prepara «todo» para la privatización de los informativos y supone «una amenaza» para este servicio público.
Para el sindicato, el texto normativo debe garantizar la gestión directa, con personal y medios propios, pues se ha demostrado que es eficaz y rentable, además de avalar la libertad de ejercicio periodístico por parte de los profesionales.
Sin embargo, de favorecerse la privatización, no existirían órganos de garantía editorial y aumentarían los riesgos y sesgos informativos, según ha informado UGT en un comunicado.
Ante estas circunstancias, UGT Canarias exige al Parlamento de Canarias el blindaje legal del servicio público de RTVC, prohibición de externalizar los departamentos y servicios vinculados a la producción informativa y a su ciclo completo, esto es edición, emisión y gestión.
También pide la creación de un Consejo de Informativos que garantice los derechos de la plantilla ante intentos de injerencia externa o interna y, prosigue el sindicato, la nueva Ley debe contemplar su creación en un plazo máximo de 6 meses desde su entrada en vigor.
Además, se exige la eliminación de toda referencia a “temporalidad” en la subrogación y la garantía de participación sindical.
La central sindical señala que el actual texto contempla que hasta un 20% del presupuesto puede recaer en una sola empresa, lo que a su juicio favorecería la concentración del mercado en manos de unos pocos «precarizando el empleo y comprometiendo la pluralidad».
Al respecto, señala que los sindicatos con representación en la RTVC proponen reducir esta cláusula al 10%, con la finalidad de proteger el tejido audiovisual local, «tan castigado en los últimos años frente a grandes empresas externas», añade UGT.
Por ello UGT Canarias solicita a los grupos parlamentarios que introduzcan enmiendas en este ámbito y eviten cualquier opción de privatización que ponga en riesgo el ejercicio libre del periodismo, así como la quiebra del sector audiovisual canario.
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