Las Palmas de Gran Canaria, 13 oct (EFE).
– Un testigo ha afirmado este martes ante la Audiencia de Las Palmas que renunció a un terreno que compró en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, al conocer que la propiedad que había adquirido estaba inmersa en un problema de estafa del ‘caso Catastro’, una trama dedicada a apropiarse de forma ilegal de fincas en la citada isla, en Lanzarote y Fuerteventura.
En la cuarta sesión del juicio que se sigue contra tres de los acusados que figuran en la causa, ya que dos han fallecido (lo hechos se remontan al período 2011-2016), el testigo ha indicado que se enteró de la venta de la finca a través de internet y que se desplazó a Tenerife para formalizar la operación de compraventa en una notaria, si bien cuando fue a vallar el terreno comenzó a tener problemas con las lindes.
Un hijo de la propietaria de los terrenos ha declarado que cuando vio que estaban vallando la finca fueron al ayuntamiento y al Catastro y que en este organismo, en una primera ocasión, le trasladaron que no estaba certificada como de su familia y que además «desaparecieron otras parcelas» propiedad de su madre.
Y, cuando fue por segunda vez, le indicaron que tenía ir a juicio para conseguir que se la dieran de alta, ha añadido.
En esta sesión también ha comparecido el que en esos años era el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, quien ha dicho no conocer al acusado ya fallecido Roque M.
M.
, que figuraba en una escritura pública como propietario de una finca de la Iglesia en Fuerteventura que le habían vendido al procesado, pero que se logró revertir la propiedad, según recuerda, por lo que no tiene nada que reclamar.
Según este testigo, tuvieron el mismo problema con varias fincas y se logró resolver el problema.
El sobrino del propietario de varias fincas en Fuerteventura ha declarado por videoconferencia que se encargaba de los asuntos de su tío y que Roque M.
M.
, ‘Roquito’, «le quitó fincas a sus vecinos, se le conoce de toda la vida».
Un contrato de agua de una finca de su tío lo transformó en otro de venta, pero del Catastro no le informaban del cambio de titularidad aunque terminaba enterándose porque él iba a la oficina catastral y revertieron la titularidad en dos o tres ocasiones en favor de su tío, según ha indicado al tribunal.
Este testigo ha dicho que le suena el nombre del funcionario del Catastro en Las Palmas de Gran Canaria Jesús O.
M.
-uno de los acusados que se sientan en el banquillo- porque figura en los expedientes de más fincas que les ocurrió lo mismo.
Varios testigos han comparecido también por videoconferencia desde Arrecife y han coincidido en que no tienen duda de que Gustavo A.
G.
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R.
, el otro acusado ya fallecido, trató de quedarse con sus terrenos y que les llegaron a mostrar documentos en los que figuraba que los habían vendido a otras personas.
Otra hija del acusado Gustavo A.
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, al igual que declaró su hermana la semana pasada, ha asegurado que firmó numerosos contratos privados de compraventa porque pensaba que se trataba de documentos relacionados con la herencia familiar que en ese entonces trataba de arreglar su progenitor.
«Firmé engañada por mi padre», ha dicho la testigo, quien ha puntualizado que nunca abonó importe alguno por la compra de esas propiedades ni tampoco conocía que se hubieran cometido irregularidades en el Catastro, a cuya oficina de Las Palmas de Gran Canaria acudió por consejo de su abogado y por propia voluntad para que los inmuebles adquiridos volvieran a sus legítimos propietarios.
Esta hija del acusado Gustavo A.
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R.
ha negado haber estado en la gestoría propiedad de otro de los acusados, José María C.
F.
En esta sesión, han declarado varios testigos que no han reconocido sus firmas en el documento de solicitud de transmisión de la titularidad del Catastro, o que recordaran haber pedido el cambio, si bien todos ellos han señalado que las fincas siguen figurando a su nombre.
El juicio continuará el próximo jueves con la declaración de nuevos testigos que figuran en la causa.
EFEcda/jmr