Puerto del Rosario, 28 mar (EFE).
– Coalición Canaria en Puerto del Rosario ha expresado su total rechazo a la decisión del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), de declarar de interés general las obras de ampliación de la central térmica de El Charco, en pleno casco urbano capitalino.
Esta decisión contraviene el posicionamiento delAyuntamiento, que ya denegó de forma oficial la licencia urbanística para dicha ampliación a través de la resolución firmada el 6 de septiembre de 2024, ha recordado CC en un comunicado.
Los nacionalistas han señalado que el proyecto incrementa la volumetría y altura de la edificación existente, algo que infringe el artículo 362.
2 de la Ley del Suelo de Canarias.
El planeamiento vigente establece que esta instalación se encuentra fuera de ordenación, y solo permite obras de mantenimiento, no de ampliación.
“El Partido Popular está actuando con una doble cara.
, pues en Puerto del Rosario dicen una cosa y en el Gobierno de Canarias hacen justo lo contrario”, ha declarado el alcalde David de Vera.
Además ha denunciado que se esté “forzando una declaración de interés general para favorecer un proyecto que incumple el planeamiento urbanístico y que va en contra del bienestar de nuestros vecinos”.
Por su parte, la concejala de Urbanismo, Ana Hernández, ha recordado que el Ayuntamiento ha sido “claro, riguroso y coherente con la legalidad urbanística”.
“Emitimos informes técnicos y jurídicos desfavorables y denegamos oficialmente la licencia porque el proyecto presenta defectos insubsanables, como el aumento de altura y volumen de la infraestructura”, ha señalado.
“Nos parece inaceptable que, en lugar de escuchar al Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias imponga una decisión que prioriza intereses ajenos al municipio y que refuerza una instalación contaminante en una zona densamente poblada, cuando lo que procede es su desmantelamiento y traslado, como recoge nuestro planeamiento”, ha añadido Hernández.
Coalición Canaria ha exigido al Gobierno de Canarias que reconsidere esta declaración de interés general, respete el marco legal vigente y escuche la voz del municipio, que apuesta por una planificación energética ordenada, legal y respetuosa con las personas.
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