Las Palmas de Gran Canaria, 28 mar (EFE).
– La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha insistido este viernes en que se mantengan las garantías que existen en la actualidad en España para los solicitantes de asilo cuando se implemente el Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea (UE) en junio de 2026.
«Estamos incidiendo en que, en primer lugar, las garantías que existen hoy en día en la legislación española se mantengan y, en segundo lugar, todas aquellas nuevas medidas siempre pongan en el foco la protección y la defensa de los derechos humanos», ha declarado a los periodistas la coordinadora estatal de Incidencia y Comunicación de CEAR, Nuria Díaz, en un seminario sobre la aplicación práctica de este pacto celebrado en Casa África.
Díaz ha advertido que desde CEAR ven «con preocupación» que, «a diferencia del contexto actual, este pacto plantea nuevos riesgos para las personas migrantes y solicitantes de asilo», como, por ejemplo, la extensión de la detención, que consideran que siempre debe darse en último lugar.
Pero también la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados, «que pueden dificultar que se identifiquen situaciones de especial vulnerabilidad, entre ellas de niños, niñas y víctimas de trata», ha agregado.
El Pacto de Migraciones y Asilo de la UE fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024 y adoptado formalmente por el Consejo de la UE apenas un mes después, el 14 de mayo.
En la actualidad, los estados miembros están trabajando en las herramientas y medidas que van a ser necesarias para que el pacto se implemente y se haga efectivo en junio de 2026.
Según ha explicado el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, el Parlamento europeo se ha «empleado a fondo durante 10 años» para intentar cumplir el mandato del Tratado de Lisboa por el que las migraciones y el asilo tengan legislación europea.
El eurodiputado canario ha reconocido que se trata de un «asunto extremadamente espinoso» y que es por eso que «ha costado mucho», al señalar que es divisivo geográfica, ideológica, política y electoralmente.
No obstante, ha defendido que los reglamentos que componen este pacto, que son directamente vinculantes para los estados miembros, «por primera vez establecen un equilibrio aceptable entre responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria, particularmente con las regiones de frontera».
El consejero ante el Comité Económico y Social europeo, encargado de los expedientes de inmigración, asilo y derechos humanos, José Antonio Moreno Díaz, ha denunciado la insistencia de la Unión Europea «en un tratamiento securitario de la inmigración».
Y, particularmente, ha criticado la nueva propuesta del pasado 11 de marzo sobre un plan europeo común de repatriaciones porque, a su juicio, «lo que hace es vulnerar derechos y garantías y exponernos al ‘modelo Meloni’ de repatriaciones a terceros países supuestamente seguros», externalizando la gestión migratoria e incumpliendo la Convención de Ginebra de «proteger a las personas que imploran protección».
Reparto de menores no acompañadosEn relación al reparto de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, el eurodiputado ha reprobado que se haya llegado a un acuerdo a escala europea y en España «no se consiga que las comunidades autónomas gobernadas por el PP acepten la solidaridad con Canarias».
Igualmente, el consejero ante el Comité Económico y Social europeo ha declarado que le resulta «escandaloso que las comunidades autónomas de la península no cumplan con su obligación de acoger», al señalar la paradoja de que España como Estado exige a la Unión Europea la distribución de personas que llegan por nuestra situación geográfica, pero España internamente «no lo cumple».
«Es un problema que debemos resolver en España, entre otras cosas para adaptarnos a las exigencias del derecho europeo», ha concluido el eurodiputado socialista.
Por otro lado, la abogada especializada en extranjería, asilo y protección infantil en ejercicio en Tenerife, Vania Oliveros, ha calificado de «positiva» la medida cautelar del Tribunal Supremo al Gobierno de España para que en un plazo de 10 días se haga cargo de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias.
Oliveros cree que el Ejecutivo central no presentará recurso contra esa decisión y que articulará las fórmulas necesarias para dar acogida a los casi 1.
300 menores en esta situación.
EFEmrgz/cas(foto)